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El Vall d’Aran, el territorio más occidental de Cataluña, ubicado en pleno Pirineo -donde se asienta la estación de esquí Baqueira Beret-, está dispuesto a independizarse de Cataluña si sigue adelante el anteproyecto de la Generalitat de incluir esta comarca dentro de la “veguería” del Alt Pirineu. El Gobierno catalán aprobó ayer la nueva división territorial de Cataluña, una vieja aspiración de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El territorio rebelde, sin embargo, está dispuesto a pedir oficialmente la independencia si el presidente José Montilla no da marcha atrás.
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miércoles, 3 de febrero de 2010
miércoles, 20 de enero de 2010
domingo, 17 de enero de 2010
jueves, 14 de enero de 2010
Moncloa lo admite: España sería multada con las sanciones que propone Zapatero
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EJEMPLO DEL BUEN GOBERNAR
Ahora con la desgracia de Haití, R. Zapatero tendrá entrenimiento y obviar otros problemas mayores a nivel nacional, al menos por unos días.
Que país ¡ ¡ ¡
EJEMPLO DEL BUEN GOBERNAR
Ahora con la desgracia de Haití, R. Zapatero tendrá entrenimiento y obviar otros problemas mayores a nivel nacional, al menos por unos días.
Que país ¡ ¡ ¡
lunes, 11 de enero de 2010
miércoles, 6 de enero de 2010
Catalunya sufrió la mayor subida del paro en el 2009 por el fin del Plan E
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A pesar de lo que tiene Cataluña con su deficiente economía y el paro galopante, aún Carod reparte más de 600.000 euros para enseñar catalán en Francia.
El incremento de parados del 32% en el Servei d’Ocupació contrasta con el 25% en España.
Me pregunto, que ¿sería de una Cataluña independiente? Si ya en la actualidad, las empresas que cierran, no tienen ni pensamiento de volver a reabrir en la comunidad, huyen como los gatos del agua.
Que país ¡ ¡ ¡
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A pesar de lo que tiene Cataluña con su deficiente economía y el paro galopante, aún Carod reparte más de 600.000 euros para enseñar catalán en Francia.
El incremento de parados del 32% en el Servei d’Ocupació contrasta con el 25% en España.
Me pregunto, que ¿sería de una Cataluña independiente? Si ya en la actualidad, las empresas que cierran, no tienen ni pensamiento de volver a reabrir en la comunidad, huyen como los gatos del agua.
Que país ¡ ¡ ¡
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martes, 5 de enero de 2010
Una mañana de retrasos desluce el ‘estreno catalán’ de cercanías
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No todo es tan sencillo como firmar un protocolo de traspaso de unos servicios de por si sobrecargados, anticuados y con poco mantenimiento.
A eso están acostumbrados los del tripartito, a pedir traspaso y poder ellos mangonearlos a su gusto y manera, pero el coste "no es gratis total" por más ayudas que reciban, entre otras cosas, porque seguro que esas ayudas se desviarán a otras partidas que tienen en precario, y todo se vuelve a peor. Pero es lo que hay. La pura y triste realidad, que no es asumida por sus responsables.
Leer artículo
Que año nos espera.......... ¡ ¡ ¡
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No todo es tan sencillo como firmar un protocolo de traspaso de unos servicios de por si sobrecargados, anticuados y con poco mantenimiento.
A eso están acostumbrados los del tripartito, a pedir traspaso y poder ellos mangonearlos a su gusto y manera, pero el coste "no es gratis total" por más ayudas que reciban, entre otras cosas, porque seguro que esas ayudas se desviarán a otras partidas que tienen en precario, y todo se vuelve a peor. Pero es lo que hay. La pura y triste realidad, que no es asumida por sus responsables.
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Que año nos espera.......... ¡ ¡ ¡
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domingo, 3 de enero de 2010
Rubalcaba, incómodo sobre su futuro en el PSOE y el chivatazo
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Ya es difícil que ningún miembro del gobierno socialista se sienta incómodo por "algo".
¿Que pasará por la mente del Ministro Rubalcaba?
Que país ¡ ¡ ¡
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Ya es difícil que ningún miembro del gobierno socialista se sienta incómodo por "algo".
¿Que pasará por la mente del Ministro Rubalcaba?
Que país ¡ ¡ ¡
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lunes, 28 de diciembre de 2009
La Audiencia condena a altos directivos de Banesto por denuncia falsa contra cuatro empresarios catalanes
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Tres altos directivos de Banesto, Alfredo Sáenz, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga, han sido condenados por un delito de acusación y denuncia falsa contra cuatro empresarios barceloneses, a quienes lograron encerrar en prisión en 1994 con la connivencia del ex juez Lluís Pascual Estevill. Sáenz era entonces presidente del banco, Calama era el delegado en Cataluña y Jiménez de Parga el letrado de la entidad. La sentencia exonera al director general y consejero delegado de Banesto, José Ángel Merodio.
Según el texto de la Audiencia, Sáenz, Calama y Jiménez de Parga son condenados “a las penas, a cada uno de ellos, de seis meses y un día de prisión y multa de tres meses a razón de una cuota diaria de 300 euros al primero de ellos y de 200 euros a los otros dos, con la responsabilidad personal subsidiaria legalmente establecida para todos ellos en caso de impago, así como la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y al pago de tres cuartas partes de las costas procesales, con inclusión de las de las acusaciones particulares”.
También les obliga a pagar un euro de indemnización a los empresarios Pedro Olabarría Delclaux, Luis Fernando Romero García y José Ignacio Romero García, así como otros 100.000 euros al también empresario Modesto González Mestre. De estas cantidades es responsable civil subsidiario Banco Español de Crédito.
Los hechos ahora sentenciados se remontan al año 1994, cuando Banesto quiso cobrar unos créditos de dudosa recuperación y, para ello, presentó una falsa denuncia que, fue aprovechada por Pascual Estevill para encarcelar a los cuatro empresarios.
Fuente
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Tres altos directivos de Banesto, Alfredo Sáenz, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga, han sido condenados por un delito de acusación y denuncia falsa contra cuatro empresarios barceloneses, a quienes lograron encerrar en prisión en 1994 con la connivencia del ex juez Lluís Pascual Estevill. Sáenz era entonces presidente del banco, Calama era el delegado en Cataluña y Jiménez de Parga el letrado de la entidad. La sentencia exonera al director general y consejero delegado de Banesto, José Ángel Merodio.
Según el texto de la Audiencia, Sáenz, Calama y Jiménez de Parga son condenados “a las penas, a cada uno de ellos, de seis meses y un día de prisión y multa de tres meses a razón de una cuota diaria de 300 euros al primero de ellos y de 200 euros a los otros dos, con la responsabilidad personal subsidiaria legalmente establecida para todos ellos en caso de impago, así como la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y al pago de tres cuartas partes de las costas procesales, con inclusión de las de las acusaciones particulares”.
También les obliga a pagar un euro de indemnización a los empresarios Pedro Olabarría Delclaux, Luis Fernando Romero García y José Ignacio Romero García, así como otros 100.000 euros al también empresario Modesto González Mestre. De estas cantidades es responsable civil subsidiario Banco Español de Crédito.
Los hechos ahora sentenciados se remontan al año 1994, cuando Banesto quiso cobrar unos créditos de dudosa recuperación y, para ello, presentó una falsa denuncia que, fue aprovechada por Pascual Estevill para encarcelar a los cuatro empresarios.
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domingo, 27 de diciembre de 2009
El Gobierno se salta el Pacto de Toledo para favorecer sus caladeros de voto
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El problema que veo, que se están gastando lo que no se tiene, y por algún lado saltará, como la burbuja inmobiliario lo hizo en su día.
Leer artículo
El tripartito, también manejo los millones de euros como si de calderilla se tratara, aprende y aplica las lecciones de R. Zapatero.
Leer artículo
Y mientras tanto R. Zapatero y su cuento de la lechera preparado para su presidencia de la UE. Que dios nos pille confesados si le dejan ahce....., y sobre todo tocar ........ Ruína de la comunidad Europea.
Leer artículo
Pero eso sí, los futuros universitarios del plan "Bolonia" sacarán a España y a Europa de la crisis galopante que se padece, y no sólo crisis económica, muchas otras crisis.
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El problema que veo, que se están gastando lo que no se tiene, y por algún lado saltará, como la burbuja inmobiliario lo hizo en su día.
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El tripartito, también manejo los millones de euros como si de calderilla se tratara, aprende y aplica las lecciones de R. Zapatero.
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Y mientras tanto R. Zapatero y su cuento de la lechera preparado para su presidencia de la UE. Que dios nos pille confesados si le dejan ahce....., y sobre todo tocar ........ Ruína de la comunidad Europea.
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Pero eso sí, los futuros universitarios del plan "Bolonia" sacarán a España y a Europa de la crisis galopante que se padece, y no sólo crisis económica, muchas otras crisis.
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miércoles, 23 de diciembre de 2009
Antonio Robles se afilia a UPyD para "defender la España constitucional"
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El ex dirigente de Ciudadanos, Antonio Robles, se ha afiliado a UPyD y podría ser un serio adversario para Albert Rivera si encabezara la lista del partido de Rosa Díez en las elecciones catalanas. En declaraciones a Libertad Digital, Robles dice que se ha afiliado "como una persona más".
Lectura completa
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El ex dirigente de Ciudadanos, Antonio Robles, se ha afiliado a UPyD y podría ser un serio adversario para Albert Rivera si encabezara la lista del partido de Rosa Díez en las elecciones catalanas. En declaraciones a Libertad Digital, Robles dice que se ha afiliado "como una persona más".
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domingo, 20 de diciembre de 2009
Mercadona y su buen hacer
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Mientras que el Presidente Montilla se aferra al independentismo de Cataluña, sin aportar nada nuevo a conseguir financiación propia, sólo a gastar a mansalva, en el país valenciano, al menos, algunas empresas luchan por conseguir una cuota de mercado digna para los ciudadanos españoles, pues el caso de Mercadona, creo que pocas comunidades, no tienen sus tiendas implantadas para uso y disfrute de sus habitantes.
Cataluña con su política económica y separatista, lo que hace es obligar a las empresasas a cerrar y a implantarse en otras comunidadades, cuando no en otros países. Y eso nadie lo quiere ver, es mejor hacer como el avestruz, ya se sabe, ojos que no ven corazón que no sufre. Pero el tiempo y los malos negocios no perdonan, y como dice el refranero, a cada cerdo le llega su san martín.
Lectura del artículo
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Mientras que el Presidente Montilla se aferra al independentismo de Cataluña, sin aportar nada nuevo a conseguir financiación propia, sólo a gastar a mansalva, en el país valenciano, al menos, algunas empresas luchan por conseguir una cuota de mercado digna para los ciudadanos españoles, pues el caso de Mercadona, creo que pocas comunidades, no tienen sus tiendas implantadas para uso y disfrute de sus habitantes.
Cataluña con su política económica y separatista, lo que hace es obligar a las empresasas a cerrar y a implantarse en otras comunidadades, cuando no en otros países. Y eso nadie lo quiere ver, es mejor hacer como el avestruz, ya se sabe, ojos que no ven corazón que no sufre. Pero el tiempo y los malos negocios no perdonan, y como dice el refranero, a cada cerdo le llega su san martín.
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jueves, 17 de diciembre de 2009
Inmobiliarias, alimentarias y empresas del metal, tras el gran fraude del IVA descubierto en Barcelona
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La investigación iniciada en Barcelona sobre un supuesto gran fraude del IVA que afecta a casi un centenar de empresas se lleva con el máximo sigilo tras decretarse el secreto de sumario. Empresas inmobiliarias, de alimentación, industriales y metalúrgicas han estado elaborando facturas falsas con el fin de defraudar al fisco durante los últimos años, aunque se sospecha que este modo de actuación puede llevar funcionando desde hace más de una década, según ha podido conocer El Confidencial. La señal de alerta se dio en las dependencias de Hacienda. Lo que llamó la atención de la Agencia Tributaria, según apuntan algunas informaciones, fueron las facturaciones de inmobiliarias (en operaciones de compra-venta de terrenos y de edificios) y empresas del metal que se encontraban con graves problemas económicos o que, simplemente, estaban en quiebra o en suspensión de pagos. También se utilizaban empresas inactivas y que no presentaban ni siquiera las cuentas en el registro mercantil. Tras ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, ésta activó las pesquisas.
En total, los Mossos d’Esquadra, bajo la supervisión de la Fiscalía, han detenido a una treintena de personas, según reconocieron a El Confidencial fuentes de este cuerpo policial. Entre los detenidos se encuentra P.B., el supuesto cerebro de la red. Este empresario, según algunas fuentes consultadas, compraba empresas en quiebra o con grandes dificultades para después trocearlas y vender los activos. Al mismo tiempo, las sociedades con las que se hacía, emitían facturas que, por un lado, repercutían el IVA, con el consiguiente fraude, y por otro lado, permitían a los que las recibían el rebajar los beneficios de sus empresas, por lo que se producía otro fraude en el Impuesto de Sociedades. Al frente de estas sociedades solían figurar como administradores familiares directos o testaferros.
Sus oficinas centrales se encuentran en la calle Consell de Cent de Barcelona, que fue registrada por la Policía autonómica y de donde se llevaron dos grandes bolsas con documentación. En Castelldefels, donde tiene su domicilio el empresario, fueron registradas también empresas inmobiliarias vinculadas a familiares suyos directos. Otras sociedades suyas tienen domicilios en lugares tan dispares como Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, o Zaragoza.
“Compro sociedad con actividad o sin actividad”
Para realizar los contactos, la red no sólo se servía de sus relaciones personales, sino que incluso publicaba anuncios en Internet (ver noticia) o en diarios de ámbito nacional. El teléfono de contacto de los anuncios solía ser el de la sede de Consell de Cent, aunque en ocasiones la dirección que facilitaban fuese distinta. Además de solicitar empresas “con pérdidas fiscales demostrables para compra inmediata” en diversos foros, también ofrecía una empresa de Navarra que “dispone de líneas de crédito, descuento de pagarés. Descontaría de industriales (no ramo de inmobiliaria)”. La agresiva estrategia que realizaba la red le llevó también a anunciar que necesitaba “proveedores de mecanizado para asociación o compra de su empresa. No importa situación económica. Pacto de confidencialidad”. Pero también requería, como en otro anuncio, “una sociedad anónima o limitada, con actividad o sin actividad. Se valorará y se tendrá en cuenta la antigüedad y la ausencia de incidencias bancarias y comerciales”.
La red compraba y vendía también una gran cantidad de productos. En julio pasado, por ejemplo, ponía a la venta un piso junto al conocido Mercado de la Boquería de Barcelona con 11 habitaciones (“Se aceptan intermediarios, alta comisión”). Por las mismas fechas, ofrecía un taller de tornos y centros de mecanizado de última generación con clientes multinacionales y pedidos garantizados para todo el año. Hace escasamente un mes, ponía también a la venta 785.000 botellas de vino de Rioja, de Rueda y de Tierra de Castilla, con productos como Carta de Oro, Marqués de Griñón o Marqués de la Concordia. Hace mes y medio, la oferta era por 15.000 botellas de cava Freixenet Cordón Negro Brut “con toda la documentación en regla”. Y a finales de octubre, eran 120.000 botellas de whisky J&B, también “con toda la documentación en regla”.
Especial sigilo
Las investigaciones se han llevado con total sigilo por parte de la Fiscalía y de Hacienda. Tanto es así que, aunque se conocen algunos detalles de otras dos operaciones que se están desarrollando, de ésta no había trascendido ninguna información. Fuentes cercanas al caso, sin embargo, señalan que es el mayor golpe contra el fraude del IVA realizado desde hace casi dos décadas.
Hasta el momento, sólo ha trascendido que se realizaron registros en Barcelona, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat y Premià de Dalt, así como también la implicación de la gestoría Gestió Sis en la barcelonesa calle Espronceda. La tarea de la gestoría era la de meros intermediarios en algunas de las operaciones que realizaban las demás compañías de la red. Según algunas fuentes, el cerebro de la trama era poco dado a dejarse ver, aunque solía rematar siempre en persona las operaciones. Sus representantes solían ser intermediarios o abogados que no tomaban jamás ninguna decisión hasta consultárselo a su jefe.
Las operaciones mercantiles de las empresas implicadas se realizaban en varias comunidades autónomas, ya que las empresas participantes tenían sedes en Barcelona, Madrid y Navarra -donde la red compró varias empresas-, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes solventes. Está por determinar todavía si las ramificaciones se extienden a otros territorios. Algunas empresas implicadas en la trama podrían incluso operar internacionalnente, especialmente con otros países de la Unión Europea. Muchas de las empresas que emitían facturas falsas estaban administradas por testaferros, que actuaban al mandato del cerebro de la trama.
La red, según comentaron diversas fuentes a El Confidencial, compraba también empresas a despachos profesionales dedicados a esta tarea. Los “bancos” de empresas permiten disponer de una sociedad en horas, ya que los trámtes de creación ya están hechos. Con ello, ahorran tiempo, aunque han de pagar una pequeña comisión por la tarea de intermediación.
Fuente
Que país xD ¡ ¡ ¡
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La investigación iniciada en Barcelona sobre un supuesto gran fraude del IVA que afecta a casi un centenar de empresas se lleva con el máximo sigilo tras decretarse el secreto de sumario. Empresas inmobiliarias, de alimentación, industriales y metalúrgicas han estado elaborando facturas falsas con el fin de defraudar al fisco durante los últimos años, aunque se sospecha que este modo de actuación puede llevar funcionando desde hace más de una década, según ha podido conocer El Confidencial. La señal de alerta se dio en las dependencias de Hacienda. Lo que llamó la atención de la Agencia Tributaria, según apuntan algunas informaciones, fueron las facturaciones de inmobiliarias (en operaciones de compra-venta de terrenos y de edificios) y empresas del metal que se encontraban con graves problemas económicos o que, simplemente, estaban en quiebra o en suspensión de pagos. También se utilizaban empresas inactivas y que no presentaban ni siquiera las cuentas en el registro mercantil. Tras ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, ésta activó las pesquisas.
En total, los Mossos d’Esquadra, bajo la supervisión de la Fiscalía, han detenido a una treintena de personas, según reconocieron a El Confidencial fuentes de este cuerpo policial. Entre los detenidos se encuentra P.B., el supuesto cerebro de la red. Este empresario, según algunas fuentes consultadas, compraba empresas en quiebra o con grandes dificultades para después trocearlas y vender los activos. Al mismo tiempo, las sociedades con las que se hacía, emitían facturas que, por un lado, repercutían el IVA, con el consiguiente fraude, y por otro lado, permitían a los que las recibían el rebajar los beneficios de sus empresas, por lo que se producía otro fraude en el Impuesto de Sociedades. Al frente de estas sociedades solían figurar como administradores familiares directos o testaferros.
Sus oficinas centrales se encuentran en la calle Consell de Cent de Barcelona, que fue registrada por la Policía autonómica y de donde se llevaron dos grandes bolsas con documentación. En Castelldefels, donde tiene su domicilio el empresario, fueron registradas también empresas inmobiliarias vinculadas a familiares suyos directos. Otras sociedades suyas tienen domicilios en lugares tan dispares como Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, o Zaragoza.
“Compro sociedad con actividad o sin actividad”
Para realizar los contactos, la red no sólo se servía de sus relaciones personales, sino que incluso publicaba anuncios en Internet (ver noticia) o en diarios de ámbito nacional. El teléfono de contacto de los anuncios solía ser el de la sede de Consell de Cent, aunque en ocasiones la dirección que facilitaban fuese distinta. Además de solicitar empresas “con pérdidas fiscales demostrables para compra inmediata” en diversos foros, también ofrecía una empresa de Navarra que “dispone de líneas de crédito, descuento de pagarés. Descontaría de industriales (no ramo de inmobiliaria)”. La agresiva estrategia que realizaba la red le llevó también a anunciar que necesitaba “proveedores de mecanizado para asociación o compra de su empresa. No importa situación económica. Pacto de confidencialidad”. Pero también requería, como en otro anuncio, “una sociedad anónima o limitada, con actividad o sin actividad. Se valorará y se tendrá en cuenta la antigüedad y la ausencia de incidencias bancarias y comerciales”.
La red compraba y vendía también una gran cantidad de productos. En julio pasado, por ejemplo, ponía a la venta un piso junto al conocido Mercado de la Boquería de Barcelona con 11 habitaciones (“Se aceptan intermediarios, alta comisión”). Por las mismas fechas, ofrecía un taller de tornos y centros de mecanizado de última generación con clientes multinacionales y pedidos garantizados para todo el año. Hace escasamente un mes, ponía también a la venta 785.000 botellas de vino de Rioja, de Rueda y de Tierra de Castilla, con productos como Carta de Oro, Marqués de Griñón o Marqués de la Concordia. Hace mes y medio, la oferta era por 15.000 botellas de cava Freixenet Cordón Negro Brut “con toda la documentación en regla”. Y a finales de octubre, eran 120.000 botellas de whisky J&B, también “con toda la documentación en regla”.
Especial sigilo
Las investigaciones se han llevado con total sigilo por parte de la Fiscalía y de Hacienda. Tanto es así que, aunque se conocen algunos detalles de otras dos operaciones que se están desarrollando, de ésta no había trascendido ninguna información. Fuentes cercanas al caso, sin embargo, señalan que es el mayor golpe contra el fraude del IVA realizado desde hace casi dos décadas.
Hasta el momento, sólo ha trascendido que se realizaron registros en Barcelona, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat y Premià de Dalt, así como también la implicación de la gestoría Gestió Sis en la barcelonesa calle Espronceda. La tarea de la gestoría era la de meros intermediarios en algunas de las operaciones que realizaban las demás compañías de la red. Según algunas fuentes, el cerebro de la trama era poco dado a dejarse ver, aunque solía rematar siempre en persona las operaciones. Sus representantes solían ser intermediarios o abogados que no tomaban jamás ninguna decisión hasta consultárselo a su jefe.
Las operaciones mercantiles de las empresas implicadas se realizaban en varias comunidades autónomas, ya que las empresas participantes tenían sedes en Barcelona, Madrid y Navarra -donde la red compró varias empresas-, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes solventes. Está por determinar todavía si las ramificaciones se extienden a otros territorios. Algunas empresas implicadas en la trama podrían incluso operar internacionalnente, especialmente con otros países de la Unión Europea. Muchas de las empresas que emitían facturas falsas estaban administradas por testaferros, que actuaban al mandato del cerebro de la trama.
La red, según comentaron diversas fuentes a El Confidencial, compraba también empresas a despachos profesionales dedicados a esta tarea. Los “bancos” de empresas permiten disponer de una sociedad en horas, ya que los trámtes de creación ya están hechos. Con ello, ahorran tiempo, aunque han de pagar una pequeña comisión por la tarea de intermediación.
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Que país xD ¡ ¡ ¡
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domingo, 13 de diciembre de 2009
El Gobierno de Cándido
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Desde luego no soy sindicalista y por supuesto con los ejemplos que nos dan los sindicatos actuales en España, no creo que lo sea nunca.
En este artículo que añado a continuación, despeja dudas sobre el gran trabajo que hacen los sindicatos a favor del los trabajadores españoles y en la lucha contra el paro.
Dicen que el día en que Sacco y su amigo Vanzetti fueron arrestados en Buffalo, Nueva York, el 5 de mayo de 1920, acusados de dos crímenes que no habían cometido y por los que serían llevados, siete años después, a la silla eléctrica, la policía encontró en los bolsillos de Bartolomeo una octavilla, anuncio de un mitin anarquista, cuyo texto podría distribuirse hoy de buena mañana en cualquier vagón del metro de Madrid para causar la misma perplejidad existencial: “Has luchado en todas las guerras. Has trabajado para todos los capitalistas. Has vagado por todos los países. ¿Has recogido la mies y los frutos de tu trabajo, el precio de tus victorias? ¿El pasado te conforta? ¿El presente te sonríe? ¿El futuro te promete algo? ¿Has encontrado un trozo de tierra dónde poder vivir y morir dignamente?
El proceso y ejecución de ambos anarquistas de origen italiano provocó hace más de 80 años una de las mayores mareas colectivas de protesta e indignación jamás vistas en el mundo. Su muerte terminó convirtiéndose en modelo de asesinato legal y arquetipo de injusticia orientada a escarmentar la creciente fuerza de un proletariado compuesto a la sazón por una gran mayoría de inmigrantes, víctimas de las duras condiciones de trabajo entonces imperantes en el régimen laboral norteamericano. Uno de los intelectuales que en España se movilizaron contra aquella infamia fue don Miguel de Unamuno, mientras en Gran Bretaña lo hizo, entre otros muchos, el gran Bertrand Russell. La “corte” del conde Russell, parecida a la que su casi contemporáneo Lev Tolstoi montó en Yasnaya Poliana, funcionó a pleno rendimiento en el caso de los anarquistas italianos, como no podía ser de otro modo dado el antiamericanismo visceral del matemático, lo cual no fue óbice para que viajara a los USA cada vez que tuvo necesidad de arreglar sus finanzas impartiendo conferencias. Acusado de ser a un tiempo rico y socialista, Russell disparó un día toda su artillería dialéctica: “Me temo que no lo ha entendido usted bien. Yo soy socialista. No pretendo ser cristiano”.
Russell, cuyos pecados capitales tenían que ver sobre todo con la vanidad y la codicia, bien podría ser considerado un modelo precoz de esa izquierda europea y española elitista, vanidosa y avara, ese peculiar mundo que englobaríamos en “lo progre”, tipos de interés entregados en cuerpo y alma a la defensa de las tesis del Gobierno en provecho propio, algo que no podría decirse de la pareja de moda que hoy pastorea el sindicalismo hispano, Méndez y Toxo, tan parecidos a Sacco y Vanzetti como un huevo a una castaña. Si los anarquistas italianos se enfrentaban a cara descubierta a una policía que hacía uso de sus armas en defensa de los intereses del gran capital financiero, hoy Méndez y Toxo forman parte de la columna vertebral del establishment patrio, moran en la misma trinchera, tienen a Rodríguez Zapatero comiendo en su mano y se han convertido en el obstáculo que impide la adopción de reformas estructurales de las que depende la prosperidad futura de millones de trabajadores españoles.
Ambos sindicalistas presidieron ayer una de las manifestaciones más pintorescas que recuerda la historia del movimiento obrero. Si manifestarse en Chicago en los años veinte del siglo pasado entrañaba peligro de muerte, hacerlo ayer en Madrid invitaba a morirse de risa. Con una tasa de paro cercana al 20%, había que manifestarse por vergüenza torera pero sin que se notara mucho, y desde luego no contra nuestro amigo el presidente, responsable en gran medida de las peculiaridades de la crisis española, porque ZP es uno de los nuestros, un goodfella, lo que obligaba a encontrar un malo contra el que dirigir la pancarta: los empresarios. Como tampoco era necesario meter machete contra CEOE, so pena de exponerse al general sonrojo, se trataba en suma de montar un gigantesco picnic sobre el asfalto y a otra cosa mariposa: a seguir encamados con el inquilino de Moncloa hasta que el negocio aguante.
Que puede que no sea mucho. La nota emitida por S&P el miércoles, poniendo en cuestión la sostenibilidad del endeudamiento del sector público si no se produce un giro radical de la política presupuestaria, ha desatado la polémica que era de prever. España se dirige hacia una crisis de deuda en un horizonte temporal cercano. Las razones son evidentes. Mientras que en 2010 las grandes economías iniciarán una débil y lenta recuperación no exenta de riesgos, el cuadro clínico del enfermo español no puede ser más preocupante, agravado por la inacción de un Gobierno que no ha introducido las reformas estructurales imprescindibles para sentar las bases de la reactivación, ni para suavizar los costes sociales y económicos de la crisis, mientras se ha embarcado en una orgía de gasto que ha disparado el binomio déficit/deuda sin crear un solo puesto de trabajo estable, sin tener efecto positivo alguno sobre el consumo y la inversión, y sin añadir una sola décima positiva al PIB. El célebre multiplicador del gasto keynesiano ha funcionado como un restador.
Dudas sobre la solvencia del Reino de España
Lo peor es que el ajuste sigue en gran medida pendiente. El precio de los activos inmobiliarios continúa por las nubes, mientras las entidades financieras siguen sin sanear sus balances, parapetadas tras la liquidez suministrada por el BCE y los enjuagues contables al uso. Esta situación, insostenible salvo que se produzca una rápida e intensa recuperación, se ve ahora agravada por la imparable carrera alcista del endeudamiento del sector público. España reúne todos los requisitos para que el riesgo de una crisis de deuda se materialice. En la actualidad, bancos y cajas absorben más de dos tercios del total de las emisiones de bonos realizadas por el Reino de España. Pero cuando el BCE decida cerrar la ventanilla, ¿quién financiará el endeudamiento de una economía que no genera recursos para pagarlo? ¿Cuánto puede perdurar esa situación? ¿Estarán dispuestos los mercados financieros internacionales a seguir prestando? El dato de que el ratio deuda/PIB es muy bajo en términos comparados es irrelevante. Lo importante no es el volumen total, sino la velocidad de crecimiento de esa deuda, y la capacidad de pago de un deudor que depende de que la economía crezca y de que el déficit y la deuda se reduzcan. Ninguna de estas dos opciones es viable a corto plazo. De ahí que los mercados financieros internacionales tengan serias dudas sobre la solvencia del Reino de España.
En una situación como la española, sería necesario abordar fuertes ajustes fiscales para evitar una tal crisis, con el objetivo puesto en generar superávit presupuestarios primarios de inmediato, lo que implica necesariamente emprender dos caminos harto difíciles: recortar gasto público y/o subir impuestos. Sin embargo, las subidas impositivas en plena recesión sólo sirven para deprimir todavía más la actividad, reduciendo, en consecuencia, la recaudación en lugar de aumentarla. El resultado es un aumento de los desequilibrios de las finanzas públicas. En este contexto, y con un Gobierno que ha liquidado cualquier expectativa de una recuperación signa de tal nombre, España es muy vulnerable a una crisis de deuda, eufemismo que esconde un concepto tan desagradable como la vulgar suspensión de pagos.
José Luis continúa inalterable. “Vamos a volver a crecer con carácter inminente”. Maestro del disimulo, no ha perdido nunca el norte. Se sabe gregario de aquellos sectores más radicales –sindicatos incluidos- que le auparon al poder, y amarrado a esa estela prosigue impertérrito, dispuesto a seguir regalándoles el paladar con la carnaza de una legislación –tal que el aborto- que no reclama la mayoría social, ni siquiera buena parte de la izquierda. Y en lo referente al desastre económico, un mismo discurso: echar la culpa al empedrado. Yo no he sido. Como en el chiste del gallego indolente: verlas venir, dejarlas pasar, y si te mean encima decir que llueve… Todo el mundo avisado sabe hoy que hay dos problemas íntimamente relacionados en la actual situación española: paro y deuda pública. Vasos comunicantes. Y que mientras no se ponga freno al desempleo, no será posible reconducir el problema de la deuda.
Prisionero de los sectores menos dinámicos de la sociedad
El paro dispara el gasto en seguridad social, alienta el ahorro más allá de lo aconsejable y acobarda al consumo, entre otras desgracias. Y ello, en una economía como la nuestra orientada al consumo privado, resulta letal. Pero, prisionero de los sindicatos, ZP repite una y otra vez el mantra de que no hará reforma laboral alguna que suponga un recorte de los derechos de los trabajadores, aludiendo específicamente al coste del despido y olvidando cuestiones tan importantes o más que esas, tal que la negociación colectiva. Y bien, ¿es que hay algún derecho que esté por encima del de tener un puesto de trabajo? Es sabido que un eventual recorte de la indemnización por despido no afectaría a los trabajadores ahora fijos, sino a los empleos creados a partir de la reforma. Y bien, ¿cree usted que un trabajador en paro no aceptaría un buen empleo simplemente porque le han recortado la indemnización a percibir en caso de perderlo un día? ¿Por qué no dejamos elegir a los parados?
El solo anuncio de una reforma laboral en profundidad reduciría de golpe el diferencial de la deuda pública española entre 20 y 50 puntos básicos. Aunque en el entorno del Presidente saben que es imposible que España pueda encarrilar el problema de la deuda pública en los tres próximos años sin antes meterle mano al mercado de trabajo, Zapatero se ofende muchísimo cuando el mientan la bicha. El mundo escucha sus declaraciones de amor eterno a su compadre Méndez y toma buena nota, con lo que el recelo sobre la capacidad del Reino para pagar sus deudas no deja de crecer. Lo que mande Cándido. El Gobierno de Cándido. “Si se toca el coste del despido, es la guerra civil”, amenaza. Y Zapatero asiente. En la última asamblea de CEOE, a alguien se le ocurrió hablar desde la tribuna de oradores del “Gobierno sindical”. El propio Zapatero llamó por teléfono indignado a Díaz Ferrán: “Gerardo, eso es un insulto”.
Y de la mano de Cándido, amigo y compañero de cenas sabatinas, gobierna Zapatero un país necesitado de reformas tan radicales como urgentes, valientes sobre todo, que no le tengan miedo al futuro. El de la UGT se ha subido a hombros del leonés como esas avecillas que viven sobre la chepa de los grandes mamíferos africanos. Cándido, con su cara de niño bueno, con ese aspecto del tonto del tocomocho dispuesto a dejarse engatusar por cualquiera, es en realidad un hábil estratega presto a saltar sobre la yugular de quien se crea su campechana milonga. Y no está dispuesto a soltar presa. Como en la Argentina de Perón y de Kirchner, la Moncloa ha firmado un pacto de sangre con los sectores menos dinámicos de la sociedad española. Los que viven de la subvención. Es posible que ellos saquen tajada, pero es probable que dejen al país maltrecho para bastantes años.
fuente
Que país ¡ ¡ ¡
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Desde luego no soy sindicalista y por supuesto con los ejemplos que nos dan los sindicatos actuales en España, no creo que lo sea nunca.
En este artículo que añado a continuación, despeja dudas sobre el gran trabajo que hacen los sindicatos a favor del los trabajadores españoles y en la lucha contra el paro.
Dicen que el día en que Sacco y su amigo Vanzetti fueron arrestados en Buffalo, Nueva York, el 5 de mayo de 1920, acusados de dos crímenes que no habían cometido y por los que serían llevados, siete años después, a la silla eléctrica, la policía encontró en los bolsillos de Bartolomeo una octavilla, anuncio de un mitin anarquista, cuyo texto podría distribuirse hoy de buena mañana en cualquier vagón del metro de Madrid para causar la misma perplejidad existencial: “Has luchado en todas las guerras. Has trabajado para todos los capitalistas. Has vagado por todos los países. ¿Has recogido la mies y los frutos de tu trabajo, el precio de tus victorias? ¿El pasado te conforta? ¿El presente te sonríe? ¿El futuro te promete algo? ¿Has encontrado un trozo de tierra dónde poder vivir y morir dignamente?
El proceso y ejecución de ambos anarquistas de origen italiano provocó hace más de 80 años una de las mayores mareas colectivas de protesta e indignación jamás vistas en el mundo. Su muerte terminó convirtiéndose en modelo de asesinato legal y arquetipo de injusticia orientada a escarmentar la creciente fuerza de un proletariado compuesto a la sazón por una gran mayoría de inmigrantes, víctimas de las duras condiciones de trabajo entonces imperantes en el régimen laboral norteamericano. Uno de los intelectuales que en España se movilizaron contra aquella infamia fue don Miguel de Unamuno, mientras en Gran Bretaña lo hizo, entre otros muchos, el gran Bertrand Russell. La “corte” del conde Russell, parecida a la que su casi contemporáneo Lev Tolstoi montó en Yasnaya Poliana, funcionó a pleno rendimiento en el caso de los anarquistas italianos, como no podía ser de otro modo dado el antiamericanismo visceral del matemático, lo cual no fue óbice para que viajara a los USA cada vez que tuvo necesidad de arreglar sus finanzas impartiendo conferencias. Acusado de ser a un tiempo rico y socialista, Russell disparó un día toda su artillería dialéctica: “Me temo que no lo ha entendido usted bien. Yo soy socialista. No pretendo ser cristiano”.
Russell, cuyos pecados capitales tenían que ver sobre todo con la vanidad y la codicia, bien podría ser considerado un modelo precoz de esa izquierda europea y española elitista, vanidosa y avara, ese peculiar mundo que englobaríamos en “lo progre”, tipos de interés entregados en cuerpo y alma a la defensa de las tesis del Gobierno en provecho propio, algo que no podría decirse de la pareja de moda que hoy pastorea el sindicalismo hispano, Méndez y Toxo, tan parecidos a Sacco y Vanzetti como un huevo a una castaña. Si los anarquistas italianos se enfrentaban a cara descubierta a una policía que hacía uso de sus armas en defensa de los intereses del gran capital financiero, hoy Méndez y Toxo forman parte de la columna vertebral del establishment patrio, moran en la misma trinchera, tienen a Rodríguez Zapatero comiendo en su mano y se han convertido en el obstáculo que impide la adopción de reformas estructurales de las que depende la prosperidad futura de millones de trabajadores españoles.
Ambos sindicalistas presidieron ayer una de las manifestaciones más pintorescas que recuerda la historia del movimiento obrero. Si manifestarse en Chicago en los años veinte del siglo pasado entrañaba peligro de muerte, hacerlo ayer en Madrid invitaba a morirse de risa. Con una tasa de paro cercana al 20%, había que manifestarse por vergüenza torera pero sin que se notara mucho, y desde luego no contra nuestro amigo el presidente, responsable en gran medida de las peculiaridades de la crisis española, porque ZP es uno de los nuestros, un goodfella, lo que obligaba a encontrar un malo contra el que dirigir la pancarta: los empresarios. Como tampoco era necesario meter machete contra CEOE, so pena de exponerse al general sonrojo, se trataba en suma de montar un gigantesco picnic sobre el asfalto y a otra cosa mariposa: a seguir encamados con el inquilino de Moncloa hasta que el negocio aguante.
Que puede que no sea mucho. La nota emitida por S&P el miércoles, poniendo en cuestión la sostenibilidad del endeudamiento del sector público si no se produce un giro radical de la política presupuestaria, ha desatado la polémica que era de prever. España se dirige hacia una crisis de deuda en un horizonte temporal cercano. Las razones son evidentes. Mientras que en 2010 las grandes economías iniciarán una débil y lenta recuperación no exenta de riesgos, el cuadro clínico del enfermo español no puede ser más preocupante, agravado por la inacción de un Gobierno que no ha introducido las reformas estructurales imprescindibles para sentar las bases de la reactivación, ni para suavizar los costes sociales y económicos de la crisis, mientras se ha embarcado en una orgía de gasto que ha disparado el binomio déficit/deuda sin crear un solo puesto de trabajo estable, sin tener efecto positivo alguno sobre el consumo y la inversión, y sin añadir una sola décima positiva al PIB. El célebre multiplicador del gasto keynesiano ha funcionado como un restador.
Dudas sobre la solvencia del Reino de España
Lo peor es que el ajuste sigue en gran medida pendiente. El precio de los activos inmobiliarios continúa por las nubes, mientras las entidades financieras siguen sin sanear sus balances, parapetadas tras la liquidez suministrada por el BCE y los enjuagues contables al uso. Esta situación, insostenible salvo que se produzca una rápida e intensa recuperación, se ve ahora agravada por la imparable carrera alcista del endeudamiento del sector público. España reúne todos los requisitos para que el riesgo de una crisis de deuda se materialice. En la actualidad, bancos y cajas absorben más de dos tercios del total de las emisiones de bonos realizadas por el Reino de España. Pero cuando el BCE decida cerrar la ventanilla, ¿quién financiará el endeudamiento de una economía que no genera recursos para pagarlo? ¿Cuánto puede perdurar esa situación? ¿Estarán dispuestos los mercados financieros internacionales a seguir prestando? El dato de que el ratio deuda/PIB es muy bajo en términos comparados es irrelevante. Lo importante no es el volumen total, sino la velocidad de crecimiento de esa deuda, y la capacidad de pago de un deudor que depende de que la economía crezca y de que el déficit y la deuda se reduzcan. Ninguna de estas dos opciones es viable a corto plazo. De ahí que los mercados financieros internacionales tengan serias dudas sobre la solvencia del Reino de España.
En una situación como la española, sería necesario abordar fuertes ajustes fiscales para evitar una tal crisis, con el objetivo puesto en generar superávit presupuestarios primarios de inmediato, lo que implica necesariamente emprender dos caminos harto difíciles: recortar gasto público y/o subir impuestos. Sin embargo, las subidas impositivas en plena recesión sólo sirven para deprimir todavía más la actividad, reduciendo, en consecuencia, la recaudación en lugar de aumentarla. El resultado es un aumento de los desequilibrios de las finanzas públicas. En este contexto, y con un Gobierno que ha liquidado cualquier expectativa de una recuperación signa de tal nombre, España es muy vulnerable a una crisis de deuda, eufemismo que esconde un concepto tan desagradable como la vulgar suspensión de pagos.
José Luis continúa inalterable. “Vamos a volver a crecer con carácter inminente”. Maestro del disimulo, no ha perdido nunca el norte. Se sabe gregario de aquellos sectores más radicales –sindicatos incluidos- que le auparon al poder, y amarrado a esa estela prosigue impertérrito, dispuesto a seguir regalándoles el paladar con la carnaza de una legislación –tal que el aborto- que no reclama la mayoría social, ni siquiera buena parte de la izquierda. Y en lo referente al desastre económico, un mismo discurso: echar la culpa al empedrado. Yo no he sido. Como en el chiste del gallego indolente: verlas venir, dejarlas pasar, y si te mean encima decir que llueve… Todo el mundo avisado sabe hoy que hay dos problemas íntimamente relacionados en la actual situación española: paro y deuda pública. Vasos comunicantes. Y que mientras no se ponga freno al desempleo, no será posible reconducir el problema de la deuda.
Prisionero de los sectores menos dinámicos de la sociedad
El paro dispara el gasto en seguridad social, alienta el ahorro más allá de lo aconsejable y acobarda al consumo, entre otras desgracias. Y ello, en una economía como la nuestra orientada al consumo privado, resulta letal. Pero, prisionero de los sindicatos, ZP repite una y otra vez el mantra de que no hará reforma laboral alguna que suponga un recorte de los derechos de los trabajadores, aludiendo específicamente al coste del despido y olvidando cuestiones tan importantes o más que esas, tal que la negociación colectiva. Y bien, ¿es que hay algún derecho que esté por encima del de tener un puesto de trabajo? Es sabido que un eventual recorte de la indemnización por despido no afectaría a los trabajadores ahora fijos, sino a los empleos creados a partir de la reforma. Y bien, ¿cree usted que un trabajador en paro no aceptaría un buen empleo simplemente porque le han recortado la indemnización a percibir en caso de perderlo un día? ¿Por qué no dejamos elegir a los parados?
El solo anuncio de una reforma laboral en profundidad reduciría de golpe el diferencial de la deuda pública española entre 20 y 50 puntos básicos. Aunque en el entorno del Presidente saben que es imposible que España pueda encarrilar el problema de la deuda pública en los tres próximos años sin antes meterle mano al mercado de trabajo, Zapatero se ofende muchísimo cuando el mientan la bicha. El mundo escucha sus declaraciones de amor eterno a su compadre Méndez y toma buena nota, con lo que el recelo sobre la capacidad del Reino para pagar sus deudas no deja de crecer. Lo que mande Cándido. El Gobierno de Cándido. “Si se toca el coste del despido, es la guerra civil”, amenaza. Y Zapatero asiente. En la última asamblea de CEOE, a alguien se le ocurrió hablar desde la tribuna de oradores del “Gobierno sindical”. El propio Zapatero llamó por teléfono indignado a Díaz Ferrán: “Gerardo, eso es un insulto”.
Y de la mano de Cándido, amigo y compañero de cenas sabatinas, gobierna Zapatero un país necesitado de reformas tan radicales como urgentes, valientes sobre todo, que no le tengan miedo al futuro. El de la UGT se ha subido a hombros del leonés como esas avecillas que viven sobre la chepa de los grandes mamíferos africanos. Cándido, con su cara de niño bueno, con ese aspecto del tonto del tocomocho dispuesto a dejarse engatusar por cualquiera, es en realidad un hábil estratega presto a saltar sobre la yugular de quien se crea su campechana milonga. Y no está dispuesto a soltar presa. Como en la Argentina de Perón y de Kirchner, la Moncloa ha firmado un pacto de sangre con los sectores menos dinámicos de la sociedad española. Los que viven de la subvención. Es posible que ellos saquen tajada, pero es probable que dejen al país maltrecho para bastantes años.
fuente
Que país ¡ ¡ ¡
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jueves, 10 de diciembre de 2009
Las Administraciones Públicas no tienen piedad: preparan más subidas en los servicios básicos para 2010
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De algún sitio tiene que salir el dinero para poder despilfarrar a diestro y siniestro.
Al final quien paga?
Pues los curritos, que cada vez son menos en número y en calidad. ¿Y la culpa de quien es? ¿Sigue siendo de la dictadura? ¿de Aznar?
Que poca vergüenza en todo, nadie es responsable de nada, así nos luce el pelo, secuestros por todos lados, a ver como termina el reciente de Mauritania. ¿Alguien se lo imagina?
La realidad no se puede cambiar, es la que es, por desgracia bien triste ¡ ¡ ¡
Lectura
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De algún sitio tiene que salir el dinero para poder despilfarrar a diestro y siniestro.
Al final quien paga?
Pues los curritos, que cada vez son menos en número y en calidad. ¿Y la culpa de quien es? ¿Sigue siendo de la dictadura? ¿de Aznar?
Que poca vergüenza en todo, nadie es responsable de nada, así nos luce el pelo, secuestros por todos lados, a ver como termina el reciente de Mauritania. ¿Alguien se lo imagina?
La realidad no se puede cambiar, es la que es, por desgracia bien triste ¡ ¡ ¡
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lunes, 7 de diciembre de 2009
Rabat amenaza con represalias en inmigración y seguridad ante las presiones por Haidar
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España esta minada de ciudadanos marroquíes, se les dá mas privilegios que a muchos españoles necesitados, y encima hay que aguantar a las memeces del reino alahuí.
De fuera vendrán que de casa nos echarán, y así esta sucediendo. Por cierto la UE abre las puertas a las exportaciones de frutas y verduras marroquíes, mejor dicho la puerta la tienen abierta ya, pero se la hacen mas grande para que no tropiezen. Y España a tragar.
Lectura del artículo.
Que país ¡ ¡ ¡
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España esta minada de ciudadanos marroquíes, se les dá mas privilegios que a muchos españoles necesitados, y encima hay que aguantar a las memeces del reino alahuí.
De fuera vendrán que de casa nos echarán, y así esta sucediendo. Por cierto la UE abre las puertas a las exportaciones de frutas y verduras marroquíes, mejor dicho la puerta la tienen abierta ya, pero se la hacen mas grande para que no tropiezen. Y España a tragar.
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Que país ¡ ¡ ¡
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domingo, 29 de noviembre de 2009
La recaudación de La Quiniela se desploma por la crisis y las apuestas por Internet
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“La Quiniela superó en el año 2008 los 557 millones de euros de recaudación anual, un récord histórico”, se anunció con alegría desde Loterías y Apuestas del Estado. Pero las cosas no pintan tan bien en 2009. Las ventas acumuladas hasta la semana pasada se sitúan en apenas 466,73 millones de euros, lo que supone una caída del 6,67% respecto a los 500,09 millones que se llevaban recaudados a estas alturas del ejercicio en 2008, según los últimos datos oficiales. Una evolución explicada por la crisis y por el auge de las apuestas deportivas online, para las cuales la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi) vaticinó un alza del 30% este año.
Leer completo
Menos mal, que la política activa los campos de futbol y sus derbis.
El Barça prepara un “golpe de efecto” en el derby con el Madrid para defender la “dignidad de Cataluña”
Que país ¡ ¡ ¡
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“La Quiniela superó en el año 2008 los 557 millones de euros de recaudación anual, un récord histórico”, se anunció con alegría desde Loterías y Apuestas del Estado. Pero las cosas no pintan tan bien en 2009. Las ventas acumuladas hasta la semana pasada se sitúan en apenas 466,73 millones de euros, lo que supone una caída del 6,67% respecto a los 500,09 millones que se llevaban recaudados a estas alturas del ejercicio en 2008, según los últimos datos oficiales. Una evolución explicada por la crisis y por el auge de las apuestas deportivas online, para las cuales la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi) vaticinó un alza del 30% este año.
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Menos mal, que la política activa los campos de futbol y sus derbis.
El Barça prepara un “golpe de efecto” en el derby con el Madrid para defender la “dignidad de Cataluña”
Que país ¡ ¡ ¡
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sábado, 28 de noviembre de 2009
1934, Rumasa y el Estatuto Catalán
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De no haberse modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (2/1979 de 31 de octubre) para acabar con el llamado recurso previo de inconstitucionalidad, quizás ahora esta instancia de garantías no estuviera atravesando por una crisis de credibilidad que amenaza con ser definitiva. En 1985 se decidió suprimir la posibilidad de impugnar y paralizar las leyes antes de su entrada en vigor. Todos –incluyendo quien esto escribe—juzgamos la modificación como adecuada porque las normas del Parlamento quedaban demasiado expuestas al filibusterismo de la oposición de turno. Ahora reparamos en que quizás aquella reforma no fue acertada: el Estatuto de Cataluña ha causado estado sin estar contrastada su constitucionalidad, lo que propicia una situación fáctica, de hechos consumados.
Es en este contexto de dar por supuesto que el Estatuto resultaba intocable -desconociendo la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ignorancia acrecentada por su culpable dilación- en el que se explica el inédito editorial de doce diarios catalanes que enajenan su singularidad para coincidir en una idéntica consideración de lo que es el sistema de garantías constitucionales, ejerciendo, bien que sutilmente y con un lenguaje sólo relativamente medido, una enorme presión sobre el TC. Ese editorial conjunto es un error de estrategia porque, si los magistrados avalan el texto sometido a su enjuiciamiento, siempre podrá aducirse que lo hicieron bajo una gran presión mediática que anunciaba graves males para la convivencia nacional; y si, por el contrario, resisten esa presión y dictan una sentencia desfavorable al Estatuto, habrán sido esos diarios –y no los legítimos representantes de la sociedad catalana—los que se corresponsabilicen de eventuales, y ahora muy verosímiles, comportamientos inasumibles desde una punto de vista de la legalidad constitucional.
En todo caso, quedará la duda de si esa iniciativa editorial conjunta –que se permite denominar al TC como “cuarta Cámara”— representa una manera de manipulación colectiva. Porque es evidente que el editorial de los doce periódicos catalanes, pone al Estado en situación de emergencia tanto por lo que texto dice como por lo que sugiere. Y, al ser respondido por los de otras comunidades (especialmente, editados en Madrid), de forma lógica y previsible, ha abierto, de nuevo, un indeseable distanciamiento emocional y efectivo entre la ciudadanía española.
Sea cual sea la sentencia que dicte el TC –y parece que sería desfavorable a aspectos cruciales del estatuto catalán-, la dilación en dictar la resolución (tres años) ha permitido, por una parte, que se filtren las maniobras del Gobierno y sus presiones sobre el Alto Tribunal, y por otra, que determinada izquierda jurídica y el nacionalismo catalán desposea al futuro fallo de cualquier valor esgrimiendo argumentaciones endebles (falta de competencia sobre leyes orgánicas refrendadas, por ejemplo, tesis que compran los periódicos catalanes) y, en fin, que haya quedado de manifiesto que la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, tanto por su propia opinión como por conveniencias del Ejecutivo de Zapatero y del tripartito catalán, haya abdicado del cumplimiento de sus obligaciones.
Los incumplimientos de la Presidenta
Corresponde a la presidenta del TC, nombrada de entre los doce magistrados que lo forman, la representación del mismo y la convocatoria y presidencia de sus Salas y la adopción de “las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal (…)”, entre otras misiones que señala explícitamente el artículo 15 de su ley reguladora. Por lo tanto, la magistrada Casas debía haber cambiado a la ponente –Elisa Pérez Vera—cuyas tesis favorables al Estatuto no están prosperando; someter a votación una nueva ponencia elaborada con los criterios mayoritarios y, especialmente, denunciar cualquier tipo de presión. Todo menos lo que ha hecho: sostener públicamente que es preciso un cambio en la Constitución porque ya no responde a la realidad social y política española.
Eso ya lo sabemos, pero su obligación consiste en que el TC se comporte con diligencia y autenticidad, como “el intérprete supremo de la Constitución” siendo “independiente de los demás órganos constitucionales” (artículo 1º de la ley orgánica del TC). No lo ha hecho. Entre otras cosas porque se ha empeñado, sin conseguirlo, en conformar una mayoría “progresista” que avale en lo fundamental el Estatuto y, alternativamente, otra “centrista” que procure una sentencia interpretativa con un grado de ambigüedad suficiente para que de este asunto no salga calcinado el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el tripartito catalán. María Emilia Casas, además, no quiere hacer uso –le da pavor—de su voto de calidad en caso de muy improbable empate. En último término es ella –y desde el mayor respeto y consideración escribo estas líneas—a la que corresponde asumir la grave responsabilidad del desapoderamiento social y político que sufre el Tribunal Constitucional.
No es cierto que haya ley que escape a la jurisdicción del TC (“conocerá del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley” dice el artículo 2.1.a de su ley orgánica, sin establecer excepción alguna); tampoco es cierto que una ley refrendada no pueda ser sometida a contraste de legalidad constitucional; el concepto que se aduce para eximir al Estatuto catalán del enjuiciamiento del TC (formaría parte del llamado “bloque de constitucionalidad”) no existe más que a nivel de debate jurídico, pero no es una categoría normativa y, por fin, esgrimir, como se ha hecho, que faltan dos magistrados de los doce (uno, fallecido; otro, recusado) y que esa circunstancia impide la plenitud decisora del TC, es igualmente un elucubración interesada.
Recuerdo de la insurrección de 1934
De lo que se sabe con suficiente certeza, el Estatuto catalán no pasaría, en el criterio de seis de los diez magistrados, determinados controles: Cataluña no puede definirse como nación (esta categoría está reservada para España en la Constitución); en consecuencia no podría disponer de “símbolos nacionales” y tampoco el deber de conocer el idioma catalán se mantendría en pie, ya que semejante obligación sólo la puede imponer la Constitución y no lo hizo en 1978.
A partir de ahí, como en cascada, podrían caer muchos artículos del larguísimo texto catalán y, en consecuencia, provocarse una situación política inmanejable que arruinaría –más aún—al Ejecutivo nacional y sublevaría a las fuerzas políticas catalanas socialistas y nacionalistas. Un enorme problema, que, con el tiempo de disputas, presiones, especulaciones, filtraciones…se ha ido materializando por la vía de dejar al TC hecho unos zorros ante la opinión pública y publicada, recorriéndose así un trecho más en el desmantelamiento del Estado constitucional –unitario y autonómico—que se pactó en 1978. Regreso al principio: véase el editorial conjunto de los periódicos catalanes para subrayar la certeza de este diagnóstico tan pesimista.
En el colmo de la exasperación con que los nacionalistas están acogiendo esta situación desfavorable al estatuto y en el colmo también de la irresponsabilidad con la que el TC está siendo amedrentado, un magistrado próximo a CiU se habría permitido el lujo de recordar a sus compañeros los sucesos de 1934 cuando la instancia de garantías constitucionales de la II República rechazó la ley de la Generalidad catalana sobre Contratos de Cultivo. Sabido es que en ese año se proclamó por Lluís Companys “el Estado catalán” desde el palacio de San Jaime, infligiendo al régimen republicano un herida de tal gravedad que ya no pudo recuperarse.
El antecedente de Rumasa
El 23 de febrero de 1983, siendo ministro de Hacienda y Economía Miguel Boyer, el Gobierno socialista, mediante Decreto-ley, expropió Rumasa a José María Ruiz Mateos. El grupo de Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que rechazado por el voto del entonces presidente del TC, Manuel García Pelayo, resultó todo un escándalo. Nombrado en 1980 presidente del Alto Tribunal, el insigne jurista que pasó buena parte de su vida en el exilio, recibió las más fieras críticas a una decisión –la suya—que contravenía sus propias tesis académicas. Harto y desencantado, dimitió de su cargo en 1986, cuando le faltaban tres de mandato, y regresó a Caracas, donde murió en 1995. Manuel García Pelayo, con su voto de calidad, salvó al joven Gobierno de Felipe González de una crisis de consecuencias entonces incalculables, pero se suicido política y profesionalmente.
De aquella crisis, mal que bien, el TC salió adelante aunque tocado del ala. De estas segunda crisis, será difícil que, sea cual sea el fallo su fallo sobre el Estatuto catalán, salga sin daños ya irreversibles. Median entre ambas situaciones un cuarto de siglo, pero la memoria del Gobierno y de la Presidenta y magistrados del TC flaquea. Por eso, en España, la historia suele repetirse. Esperemos que las reacciones que se están fraguando en Barcelona en previsión de una sentencia contraria al Estatuto –“cumbre de partidos”; consultas populares sobre la independencia catalana el 13 de diciembre en diversas localidades; plante ante la legalidad constitucional— no nos retrotraigan a la época infeliz de Lluís Companys.
Sí, efectivamente, me refiero a un nuevo y tuneado 1934, pero representado con los modos y maneras de 2009. ¿O es que hay duda de la crisis del Estado español erigido en la Constitución de 1978 no está directamente relacionada con la sempiterna “cuestión nacional”? El gran problema de los españoles ha sido, desde el siglo XIX, encontrar la fórmula para saber cómo vivimos juntos y en armonía. Me apunto a Ortega: él cinceló en 1932 el concepto de la “conllevancia”. Tenía razón: la clave consiste en conllevarnos sensatamente. Seguimos sin conseguirlo. Y semejante incapacidad puede pasarnos una muy cara factura.
Fuente
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De no haberse modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (2/1979 de 31 de octubre) para acabar con el llamado recurso previo de inconstitucionalidad, quizás ahora esta instancia de garantías no estuviera atravesando por una crisis de credibilidad que amenaza con ser definitiva. En 1985 se decidió suprimir la posibilidad de impugnar y paralizar las leyes antes de su entrada en vigor. Todos –incluyendo quien esto escribe—juzgamos la modificación como adecuada porque las normas del Parlamento quedaban demasiado expuestas al filibusterismo de la oposición de turno. Ahora reparamos en que quizás aquella reforma no fue acertada: el Estatuto de Cataluña ha causado estado sin estar contrastada su constitucionalidad, lo que propicia una situación fáctica, de hechos consumados.
Es en este contexto de dar por supuesto que el Estatuto resultaba intocable -desconociendo la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ignorancia acrecentada por su culpable dilación- en el que se explica el inédito editorial de doce diarios catalanes que enajenan su singularidad para coincidir en una idéntica consideración de lo que es el sistema de garantías constitucionales, ejerciendo, bien que sutilmente y con un lenguaje sólo relativamente medido, una enorme presión sobre el TC. Ese editorial conjunto es un error de estrategia porque, si los magistrados avalan el texto sometido a su enjuiciamiento, siempre podrá aducirse que lo hicieron bajo una gran presión mediática que anunciaba graves males para la convivencia nacional; y si, por el contrario, resisten esa presión y dictan una sentencia desfavorable al Estatuto, habrán sido esos diarios –y no los legítimos representantes de la sociedad catalana—los que se corresponsabilicen de eventuales, y ahora muy verosímiles, comportamientos inasumibles desde una punto de vista de la legalidad constitucional.
En todo caso, quedará la duda de si esa iniciativa editorial conjunta –que se permite denominar al TC como “cuarta Cámara”— representa una manera de manipulación colectiva. Porque es evidente que el editorial de los doce periódicos catalanes, pone al Estado en situación de emergencia tanto por lo que texto dice como por lo que sugiere. Y, al ser respondido por los de otras comunidades (especialmente, editados en Madrid), de forma lógica y previsible, ha abierto, de nuevo, un indeseable distanciamiento emocional y efectivo entre la ciudadanía española.
Sea cual sea la sentencia que dicte el TC –y parece que sería desfavorable a aspectos cruciales del estatuto catalán-, la dilación en dictar la resolución (tres años) ha permitido, por una parte, que se filtren las maniobras del Gobierno y sus presiones sobre el Alto Tribunal, y por otra, que determinada izquierda jurídica y el nacionalismo catalán desposea al futuro fallo de cualquier valor esgrimiendo argumentaciones endebles (falta de competencia sobre leyes orgánicas refrendadas, por ejemplo, tesis que compran los periódicos catalanes) y, en fin, que haya quedado de manifiesto que la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, tanto por su propia opinión como por conveniencias del Ejecutivo de Zapatero y del tripartito catalán, haya abdicado del cumplimiento de sus obligaciones.
Los incumplimientos de la Presidenta
Corresponde a la presidenta del TC, nombrada de entre los doce magistrados que lo forman, la representación del mismo y la convocatoria y presidencia de sus Salas y la adopción de “las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal (…)”, entre otras misiones que señala explícitamente el artículo 15 de su ley reguladora. Por lo tanto, la magistrada Casas debía haber cambiado a la ponente –Elisa Pérez Vera—cuyas tesis favorables al Estatuto no están prosperando; someter a votación una nueva ponencia elaborada con los criterios mayoritarios y, especialmente, denunciar cualquier tipo de presión. Todo menos lo que ha hecho: sostener públicamente que es preciso un cambio en la Constitución porque ya no responde a la realidad social y política española.
Eso ya lo sabemos, pero su obligación consiste en que el TC se comporte con diligencia y autenticidad, como “el intérprete supremo de la Constitución” siendo “independiente de los demás órganos constitucionales” (artículo 1º de la ley orgánica del TC). No lo ha hecho. Entre otras cosas porque se ha empeñado, sin conseguirlo, en conformar una mayoría “progresista” que avale en lo fundamental el Estatuto y, alternativamente, otra “centrista” que procure una sentencia interpretativa con un grado de ambigüedad suficiente para que de este asunto no salga calcinado el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el tripartito catalán. María Emilia Casas, además, no quiere hacer uso –le da pavor—de su voto de calidad en caso de muy improbable empate. En último término es ella –y desde el mayor respeto y consideración escribo estas líneas—a la que corresponde asumir la grave responsabilidad del desapoderamiento social y político que sufre el Tribunal Constitucional.
No es cierto que haya ley que escape a la jurisdicción del TC (“conocerá del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley” dice el artículo 2.1.a de su ley orgánica, sin establecer excepción alguna); tampoco es cierto que una ley refrendada no pueda ser sometida a contraste de legalidad constitucional; el concepto que se aduce para eximir al Estatuto catalán del enjuiciamiento del TC (formaría parte del llamado “bloque de constitucionalidad”) no existe más que a nivel de debate jurídico, pero no es una categoría normativa y, por fin, esgrimir, como se ha hecho, que faltan dos magistrados de los doce (uno, fallecido; otro, recusado) y que esa circunstancia impide la plenitud decisora del TC, es igualmente un elucubración interesada.
Recuerdo de la insurrección de 1934
De lo que se sabe con suficiente certeza, el Estatuto catalán no pasaría, en el criterio de seis de los diez magistrados, determinados controles: Cataluña no puede definirse como nación (esta categoría está reservada para España en la Constitución); en consecuencia no podría disponer de “símbolos nacionales” y tampoco el deber de conocer el idioma catalán se mantendría en pie, ya que semejante obligación sólo la puede imponer la Constitución y no lo hizo en 1978.
A partir de ahí, como en cascada, podrían caer muchos artículos del larguísimo texto catalán y, en consecuencia, provocarse una situación política inmanejable que arruinaría –más aún—al Ejecutivo nacional y sublevaría a las fuerzas políticas catalanas socialistas y nacionalistas. Un enorme problema, que, con el tiempo de disputas, presiones, especulaciones, filtraciones…se ha ido materializando por la vía de dejar al TC hecho unos zorros ante la opinión pública y publicada, recorriéndose así un trecho más en el desmantelamiento del Estado constitucional –unitario y autonómico—que se pactó en 1978. Regreso al principio: véase el editorial conjunto de los periódicos catalanes para subrayar la certeza de este diagnóstico tan pesimista.
En el colmo de la exasperación con que los nacionalistas están acogiendo esta situación desfavorable al estatuto y en el colmo también de la irresponsabilidad con la que el TC está siendo amedrentado, un magistrado próximo a CiU se habría permitido el lujo de recordar a sus compañeros los sucesos de 1934 cuando la instancia de garantías constitucionales de la II República rechazó la ley de la Generalidad catalana sobre Contratos de Cultivo. Sabido es que en ese año se proclamó por Lluís Companys “el Estado catalán” desde el palacio de San Jaime, infligiendo al régimen republicano un herida de tal gravedad que ya no pudo recuperarse.
El antecedente de Rumasa
El 23 de febrero de 1983, siendo ministro de Hacienda y Economía Miguel Boyer, el Gobierno socialista, mediante Decreto-ley, expropió Rumasa a José María Ruiz Mateos. El grupo de Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que rechazado por el voto del entonces presidente del TC, Manuel García Pelayo, resultó todo un escándalo. Nombrado en 1980 presidente del Alto Tribunal, el insigne jurista que pasó buena parte de su vida en el exilio, recibió las más fieras críticas a una decisión –la suya—que contravenía sus propias tesis académicas. Harto y desencantado, dimitió de su cargo en 1986, cuando le faltaban tres de mandato, y regresó a Caracas, donde murió en 1995. Manuel García Pelayo, con su voto de calidad, salvó al joven Gobierno de Felipe González de una crisis de consecuencias entonces incalculables, pero se suicido política y profesionalmente.
De aquella crisis, mal que bien, el TC salió adelante aunque tocado del ala. De estas segunda crisis, será difícil que, sea cual sea el fallo su fallo sobre el Estatuto catalán, salga sin daños ya irreversibles. Median entre ambas situaciones un cuarto de siglo, pero la memoria del Gobierno y de la Presidenta y magistrados del TC flaquea. Por eso, en España, la historia suele repetirse. Esperemos que las reacciones que se están fraguando en Barcelona en previsión de una sentencia contraria al Estatuto –“cumbre de partidos”; consultas populares sobre la independencia catalana el 13 de diciembre en diversas localidades; plante ante la legalidad constitucional— no nos retrotraigan a la época infeliz de Lluís Companys.
Sí, efectivamente, me refiero a un nuevo y tuneado 1934, pero representado con los modos y maneras de 2009. ¿O es que hay duda de la crisis del Estado español erigido en la Constitución de 1978 no está directamente relacionada con la sempiterna “cuestión nacional”? El gran problema de los españoles ha sido, desde el siglo XIX, encontrar la fórmula para saber cómo vivimos juntos y en armonía. Me apunto a Ortega: él cinceló en 1932 el concepto de la “conllevancia”. Tenía razón: la clave consiste en conllevarnos sensatamente. Seguimos sin conseguirlo. Y semejante incapacidad puede pasarnos una muy cara factura.
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viernes, 27 de noviembre de 2009
jueves, 26 de noviembre de 2009
Las sicav empiezan a emigrar a Luxemburgo por los cambios regulatorios y la mala imagen
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Los propietarios de sicav (el vehículo de inversión preferido de las grandes fortunas) empiezan a hartarse de la "persecución" que están sufriendo en nuestro país. Hasta tal punto llega el hartazgo, que varios han iniciado ya los trámites para llevarse sus sociedades a Luxemburgo en busca de un clima más cálido con la inversión que el de nuestro país, según confirman fuentes de varios bufetes especializados. Y añaden que no se trata sólo del temor a un endurecimiento de la fiscalidad (que no está descartado), sino de la mala imagen que se les está colgando por el mero hecho de tener una sicav.
Según las fuentes citadas, aunque llevarse la sicav a Luxemburgo tiene unos costes, éstos compensan con creces un posible aumento de la tributación. Además, el movimiento acaba con los grandes inconvenientes y exigencias de la ley española, en especial la necesidad de tener 100 partícipes aunque sean ficticios y la obligación de figurar en los registros públicos de la CNMV. Además, recientemente el Estado español ha dejado de considerar al Gran Ducado como paraíso fiscal al comprometerse su Gobierno a suministrar a la Hacienda española toda la información sobre el patrimonio que mantengan allí los inversores españoles.
Respecto al cambio de la fiscalidad, el Gobierno de Zapatero lo ha desechado en principio porque no necesita los votos de los partidos de izquierda para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Pero si al final le falla alguno de sus aliados (PNV y Coalición Canaria) y necesita los votos de IU-IC y ERC, no se descarta que a cambio acceda a su demanda de meter mano a las sicav.
Esto se haría, según las fuentes consultadas, mediante una norma que limite la concentración del accionariado para ser consideradas instituciones de inversión colectiva (IIC): es decir, que una sola persona no pueda tener más de un porcentaje en el capital de la sicav. En ese caso -que es el de la inmensa mayoría de las sicavs, controladas por una persona o grupo familiar-, tendrían que tributar como cualquier otra sociedad, por el 30% de los beneficios.
"Hay mucho miedo entre los inversores a que al final cambien la fiscalidad, no las tienen todas consigo y están pidiendo a las gestoras y los despachos que busquen fórmulas para protegerse de esta amenaza", opina un experto fiscalista. Pero no se trata sólo de los impuestos. "Hay mucho hartazgo con la mala imagen que se está dando de este producto, parece que tener una sicav es ser un delincuente, cuando la mayoría han acumulado ese patrimonio en toda una vida de trabajo y de dedicación a su negocio", añade otro especialista.
La polémica que siempre vuelve
En los últimos meses se ha vivido una nueva escalada de la eterna polémica sobre si la tributación de las sicav es justa (e inevitable en un mundo globalizado) o si es una situación de privilegio de los grandes patrimonios que supone un agravio para el resto de los inversores. Una polémica instigada desde sectores como los inspectores de Hacienda o los partidos de izquierda, y respondida por las gestoras y por los grandes bufetes.
Es de todos conocido -empezando por la CNMV- que la inmensa mayoría de las sicav se encuentran en flagrante fraude de ley porque utilizan los conocidos 'mariachis' (hombres de paja) para alcanzar el mínimo legal de 100 partícipes. Pero también es cierto que este asunto se presta a una gran demagogia y a ese populismo de ricos frente a pobres al que tan aficionados somos en España, y que hay argumentos para defender su actual estatus: escaso impacto recaudatorio de un cambio fiscal, fuga de capitales hacia otros territorios con el consiguiente impacto en términos de empleo, y que el tratamiento de las sicav es similar al de los fondos de inversión. Ayer mismo, S.McCoy aportaba en Cotizalia una propuesta para resolver definitivamente este problema.
La figura de la 'redomiciliación'
Estos ataques han terminado por calar en los propietarios de las sicav, y algunos han empezado los trámites para llevárselas a Luxemburgo. De momento, no son muchas, pero las fuentes citadas aseguran que detrás vendrán muchas más cuando vean que no es tan complicado y que los costes no son excesivos. Obviamente, si al final se cambia la tributación, el movimiento se aceleraría.
La fórmula que están siguiendo los despachos es 'redomiciliar' las sicavs en Luxemburgo, porque constituir una sicav nueva en aquel país implica liquidar la española y pagar impuestos (las sicav sólo pagan cuando el propietario vende las acciones de la sociedad). La 'redomiciliación' de sociedades en otros países comunitarios es una figura aprobada en la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009, según explica Luis Bravo, socio de Cuatrecasas. Para ello, la sicav pierde la consideración de inversión colectiva en España, una vez que es una sociedad normal cambia el domicilio a Luxemburgo y allí recobra la consideración de IIC.
Las sicav en ese país no piden ningún número de partícipes y tributan por el 0,3% del patrimonio (en España pagan un 1% de Impuesto de Sociedades sobre los beneficios).
FUENTE
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Los propietarios de sicav (el vehículo de inversión preferido de las grandes fortunas) empiezan a hartarse de la "persecución" que están sufriendo en nuestro país. Hasta tal punto llega el hartazgo, que varios han iniciado ya los trámites para llevarse sus sociedades a Luxemburgo en busca de un clima más cálido con la inversión que el de nuestro país, según confirman fuentes de varios bufetes especializados. Y añaden que no se trata sólo del temor a un endurecimiento de la fiscalidad (que no está descartado), sino de la mala imagen que se les está colgando por el mero hecho de tener una sicav.
Según las fuentes citadas, aunque llevarse la sicav a Luxemburgo tiene unos costes, éstos compensan con creces un posible aumento de la tributación. Además, el movimiento acaba con los grandes inconvenientes y exigencias de la ley española, en especial la necesidad de tener 100 partícipes aunque sean ficticios y la obligación de figurar en los registros públicos de la CNMV. Además, recientemente el Estado español ha dejado de considerar al Gran Ducado como paraíso fiscal al comprometerse su Gobierno a suministrar a la Hacienda española toda la información sobre el patrimonio que mantengan allí los inversores españoles.
Respecto al cambio de la fiscalidad, el Gobierno de Zapatero lo ha desechado en principio porque no necesita los votos de los partidos de izquierda para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Pero si al final le falla alguno de sus aliados (PNV y Coalición Canaria) y necesita los votos de IU-IC y ERC, no se descarta que a cambio acceda a su demanda de meter mano a las sicav.
Esto se haría, según las fuentes consultadas, mediante una norma que limite la concentración del accionariado para ser consideradas instituciones de inversión colectiva (IIC): es decir, que una sola persona no pueda tener más de un porcentaje en el capital de la sicav. En ese caso -que es el de la inmensa mayoría de las sicavs, controladas por una persona o grupo familiar-, tendrían que tributar como cualquier otra sociedad, por el 30% de los beneficios.
"Hay mucho miedo entre los inversores a que al final cambien la fiscalidad, no las tienen todas consigo y están pidiendo a las gestoras y los despachos que busquen fórmulas para protegerse de esta amenaza", opina un experto fiscalista. Pero no se trata sólo de los impuestos. "Hay mucho hartazgo con la mala imagen que se está dando de este producto, parece que tener una sicav es ser un delincuente, cuando la mayoría han acumulado ese patrimonio en toda una vida de trabajo y de dedicación a su negocio", añade otro especialista.
La polémica que siempre vuelve
En los últimos meses se ha vivido una nueva escalada de la eterna polémica sobre si la tributación de las sicav es justa (e inevitable en un mundo globalizado) o si es una situación de privilegio de los grandes patrimonios que supone un agravio para el resto de los inversores. Una polémica instigada desde sectores como los inspectores de Hacienda o los partidos de izquierda, y respondida por las gestoras y por los grandes bufetes.
Es de todos conocido -empezando por la CNMV- que la inmensa mayoría de las sicav se encuentran en flagrante fraude de ley porque utilizan los conocidos 'mariachis' (hombres de paja) para alcanzar el mínimo legal de 100 partícipes. Pero también es cierto que este asunto se presta a una gran demagogia y a ese populismo de ricos frente a pobres al que tan aficionados somos en España, y que hay argumentos para defender su actual estatus: escaso impacto recaudatorio de un cambio fiscal, fuga de capitales hacia otros territorios con el consiguiente impacto en términos de empleo, y que el tratamiento de las sicav es similar al de los fondos de inversión. Ayer mismo, S.McCoy aportaba en Cotizalia una propuesta para resolver definitivamente este problema.
La figura de la 'redomiciliación'
Estos ataques han terminado por calar en los propietarios de las sicav, y algunos han empezado los trámites para llevárselas a Luxemburgo. De momento, no son muchas, pero las fuentes citadas aseguran que detrás vendrán muchas más cuando vean que no es tan complicado y que los costes no son excesivos. Obviamente, si al final se cambia la tributación, el movimiento se aceleraría.
La fórmula que están siguiendo los despachos es 'redomiciliar' las sicavs en Luxemburgo, porque constituir una sicav nueva en aquel país implica liquidar la española y pagar impuestos (las sicav sólo pagan cuando el propietario vende las acciones de la sociedad). La 'redomiciliación' de sociedades en otros países comunitarios es una figura aprobada en la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009, según explica Luis Bravo, socio de Cuatrecasas. Para ello, la sicav pierde la consideración de inversión colectiva en España, una vez que es una sociedad normal cambia el domicilio a Luxemburgo y allí recobra la consideración de IIC.
Las sicav en ese país no piden ningún número de partícipes y tributan por el 0,3% del patrimonio (en España pagan un 1% de Impuesto de Sociedades sobre los beneficios).
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