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“La Quiniela superó en el año 2008 los 557 millones de euros de recaudación anual, un récord histórico”, se anunció con alegría desde Loterías y Apuestas del Estado. Pero las cosas no pintan tan bien en 2009. Las ventas acumuladas hasta la semana pasada se sitúan en apenas 466,73 millones de euros, lo que supone una caída del 6,67% respecto a los 500,09 millones que se llevaban recaudados a estas alturas del ejercicio en 2008, según los últimos datos oficiales. Una evolución explicada por la crisis y por el auge de las apuestas deportivas online, para las cuales la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi) vaticinó un alza del 30% este año.
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Menos mal, que la política activa los campos de futbol y sus derbis.
El Barça prepara un “golpe de efecto” en el derby con el Madrid para defender la “dignidad de Cataluña”
Que país ¡ ¡ ¡
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domingo, 29 de noviembre de 2009
sábado, 28 de noviembre de 2009
1934, Rumasa y el Estatuto Catalán
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De no haberse modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (2/1979 de 31 de octubre) para acabar con el llamado recurso previo de inconstitucionalidad, quizás ahora esta instancia de garantías no estuviera atravesando por una crisis de credibilidad que amenaza con ser definitiva. En 1985 se decidió suprimir la posibilidad de impugnar y paralizar las leyes antes de su entrada en vigor. Todos –incluyendo quien esto escribe—juzgamos la modificación como adecuada porque las normas del Parlamento quedaban demasiado expuestas al filibusterismo de la oposición de turno. Ahora reparamos en que quizás aquella reforma no fue acertada: el Estatuto de Cataluña ha causado estado sin estar contrastada su constitucionalidad, lo que propicia una situación fáctica, de hechos consumados.
Es en este contexto de dar por supuesto que el Estatuto resultaba intocable -desconociendo la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ignorancia acrecentada por su culpable dilación- en el que se explica el inédito editorial de doce diarios catalanes que enajenan su singularidad para coincidir en una idéntica consideración de lo que es el sistema de garantías constitucionales, ejerciendo, bien que sutilmente y con un lenguaje sólo relativamente medido, una enorme presión sobre el TC. Ese editorial conjunto es un error de estrategia porque, si los magistrados avalan el texto sometido a su enjuiciamiento, siempre podrá aducirse que lo hicieron bajo una gran presión mediática que anunciaba graves males para la convivencia nacional; y si, por el contrario, resisten esa presión y dictan una sentencia desfavorable al Estatuto, habrán sido esos diarios –y no los legítimos representantes de la sociedad catalana—los que se corresponsabilicen de eventuales, y ahora muy verosímiles, comportamientos inasumibles desde una punto de vista de la legalidad constitucional.
En todo caso, quedará la duda de si esa iniciativa editorial conjunta –que se permite denominar al TC como “cuarta Cámara”— representa una manera de manipulación colectiva. Porque es evidente que el editorial de los doce periódicos catalanes, pone al Estado en situación de emergencia tanto por lo que texto dice como por lo que sugiere. Y, al ser respondido por los de otras comunidades (especialmente, editados en Madrid), de forma lógica y previsible, ha abierto, de nuevo, un indeseable distanciamiento emocional y efectivo entre la ciudadanía española.
Sea cual sea la sentencia que dicte el TC –y parece que sería desfavorable a aspectos cruciales del estatuto catalán-, la dilación en dictar la resolución (tres años) ha permitido, por una parte, que se filtren las maniobras del Gobierno y sus presiones sobre el Alto Tribunal, y por otra, que determinada izquierda jurídica y el nacionalismo catalán desposea al futuro fallo de cualquier valor esgrimiendo argumentaciones endebles (falta de competencia sobre leyes orgánicas refrendadas, por ejemplo, tesis que compran los periódicos catalanes) y, en fin, que haya quedado de manifiesto que la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, tanto por su propia opinión como por conveniencias del Ejecutivo de Zapatero y del tripartito catalán, haya abdicado del cumplimiento de sus obligaciones.
Los incumplimientos de la Presidenta
Corresponde a la presidenta del TC, nombrada de entre los doce magistrados que lo forman, la representación del mismo y la convocatoria y presidencia de sus Salas y la adopción de “las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal (…)”, entre otras misiones que señala explícitamente el artículo 15 de su ley reguladora. Por lo tanto, la magistrada Casas debía haber cambiado a la ponente –Elisa Pérez Vera—cuyas tesis favorables al Estatuto no están prosperando; someter a votación una nueva ponencia elaborada con los criterios mayoritarios y, especialmente, denunciar cualquier tipo de presión. Todo menos lo que ha hecho: sostener públicamente que es preciso un cambio en la Constitución porque ya no responde a la realidad social y política española.
Eso ya lo sabemos, pero su obligación consiste en que el TC se comporte con diligencia y autenticidad, como “el intérprete supremo de la Constitución” siendo “independiente de los demás órganos constitucionales” (artículo 1º de la ley orgánica del TC). No lo ha hecho. Entre otras cosas porque se ha empeñado, sin conseguirlo, en conformar una mayoría “progresista” que avale en lo fundamental el Estatuto y, alternativamente, otra “centrista” que procure una sentencia interpretativa con un grado de ambigüedad suficiente para que de este asunto no salga calcinado el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el tripartito catalán. María Emilia Casas, además, no quiere hacer uso –le da pavor—de su voto de calidad en caso de muy improbable empate. En último término es ella –y desde el mayor respeto y consideración escribo estas líneas—a la que corresponde asumir la grave responsabilidad del desapoderamiento social y político que sufre el Tribunal Constitucional.
No es cierto que haya ley que escape a la jurisdicción del TC (“conocerá del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley” dice el artículo 2.1.a de su ley orgánica, sin establecer excepción alguna); tampoco es cierto que una ley refrendada no pueda ser sometida a contraste de legalidad constitucional; el concepto que se aduce para eximir al Estatuto catalán del enjuiciamiento del TC (formaría parte del llamado “bloque de constitucionalidad”) no existe más que a nivel de debate jurídico, pero no es una categoría normativa y, por fin, esgrimir, como se ha hecho, que faltan dos magistrados de los doce (uno, fallecido; otro, recusado) y que esa circunstancia impide la plenitud decisora del TC, es igualmente un elucubración interesada.
Recuerdo de la insurrección de 1934
De lo que se sabe con suficiente certeza, el Estatuto catalán no pasaría, en el criterio de seis de los diez magistrados, determinados controles: Cataluña no puede definirse como nación (esta categoría está reservada para España en la Constitución); en consecuencia no podría disponer de “símbolos nacionales” y tampoco el deber de conocer el idioma catalán se mantendría en pie, ya que semejante obligación sólo la puede imponer la Constitución y no lo hizo en 1978.
A partir de ahí, como en cascada, podrían caer muchos artículos del larguísimo texto catalán y, en consecuencia, provocarse una situación política inmanejable que arruinaría –más aún—al Ejecutivo nacional y sublevaría a las fuerzas políticas catalanas socialistas y nacionalistas. Un enorme problema, que, con el tiempo de disputas, presiones, especulaciones, filtraciones…se ha ido materializando por la vía de dejar al TC hecho unos zorros ante la opinión pública y publicada, recorriéndose así un trecho más en el desmantelamiento del Estado constitucional –unitario y autonómico—que se pactó en 1978. Regreso al principio: véase el editorial conjunto de los periódicos catalanes para subrayar la certeza de este diagnóstico tan pesimista.
En el colmo de la exasperación con que los nacionalistas están acogiendo esta situación desfavorable al estatuto y en el colmo también de la irresponsabilidad con la que el TC está siendo amedrentado, un magistrado próximo a CiU se habría permitido el lujo de recordar a sus compañeros los sucesos de 1934 cuando la instancia de garantías constitucionales de la II República rechazó la ley de la Generalidad catalana sobre Contratos de Cultivo. Sabido es que en ese año se proclamó por Lluís Companys “el Estado catalán” desde el palacio de San Jaime, infligiendo al régimen republicano un herida de tal gravedad que ya no pudo recuperarse.
El antecedente de Rumasa
El 23 de febrero de 1983, siendo ministro de Hacienda y Economía Miguel Boyer, el Gobierno socialista, mediante Decreto-ley, expropió Rumasa a José María Ruiz Mateos. El grupo de Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que rechazado por el voto del entonces presidente del TC, Manuel García Pelayo, resultó todo un escándalo. Nombrado en 1980 presidente del Alto Tribunal, el insigne jurista que pasó buena parte de su vida en el exilio, recibió las más fieras críticas a una decisión –la suya—que contravenía sus propias tesis académicas. Harto y desencantado, dimitió de su cargo en 1986, cuando le faltaban tres de mandato, y regresó a Caracas, donde murió en 1995. Manuel García Pelayo, con su voto de calidad, salvó al joven Gobierno de Felipe González de una crisis de consecuencias entonces incalculables, pero se suicido política y profesionalmente.
De aquella crisis, mal que bien, el TC salió adelante aunque tocado del ala. De estas segunda crisis, será difícil que, sea cual sea el fallo su fallo sobre el Estatuto catalán, salga sin daños ya irreversibles. Median entre ambas situaciones un cuarto de siglo, pero la memoria del Gobierno y de la Presidenta y magistrados del TC flaquea. Por eso, en España, la historia suele repetirse. Esperemos que las reacciones que se están fraguando en Barcelona en previsión de una sentencia contraria al Estatuto –“cumbre de partidos”; consultas populares sobre la independencia catalana el 13 de diciembre en diversas localidades; plante ante la legalidad constitucional— no nos retrotraigan a la época infeliz de Lluís Companys.
Sí, efectivamente, me refiero a un nuevo y tuneado 1934, pero representado con los modos y maneras de 2009. ¿O es que hay duda de la crisis del Estado español erigido en la Constitución de 1978 no está directamente relacionada con la sempiterna “cuestión nacional”? El gran problema de los españoles ha sido, desde el siglo XIX, encontrar la fórmula para saber cómo vivimos juntos y en armonía. Me apunto a Ortega: él cinceló en 1932 el concepto de la “conllevancia”. Tenía razón: la clave consiste en conllevarnos sensatamente. Seguimos sin conseguirlo. Y semejante incapacidad puede pasarnos una muy cara factura.
Fuente
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De no haberse modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (2/1979 de 31 de octubre) para acabar con el llamado recurso previo de inconstitucionalidad, quizás ahora esta instancia de garantías no estuviera atravesando por una crisis de credibilidad que amenaza con ser definitiva. En 1985 se decidió suprimir la posibilidad de impugnar y paralizar las leyes antes de su entrada en vigor. Todos –incluyendo quien esto escribe—juzgamos la modificación como adecuada porque las normas del Parlamento quedaban demasiado expuestas al filibusterismo de la oposición de turno. Ahora reparamos en que quizás aquella reforma no fue acertada: el Estatuto de Cataluña ha causado estado sin estar contrastada su constitucionalidad, lo que propicia una situación fáctica, de hechos consumados.
Es en este contexto de dar por supuesto que el Estatuto resultaba intocable -desconociendo la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ignorancia acrecentada por su culpable dilación- en el que se explica el inédito editorial de doce diarios catalanes que enajenan su singularidad para coincidir en una idéntica consideración de lo que es el sistema de garantías constitucionales, ejerciendo, bien que sutilmente y con un lenguaje sólo relativamente medido, una enorme presión sobre el TC. Ese editorial conjunto es un error de estrategia porque, si los magistrados avalan el texto sometido a su enjuiciamiento, siempre podrá aducirse que lo hicieron bajo una gran presión mediática que anunciaba graves males para la convivencia nacional; y si, por el contrario, resisten esa presión y dictan una sentencia desfavorable al Estatuto, habrán sido esos diarios –y no los legítimos representantes de la sociedad catalana—los que se corresponsabilicen de eventuales, y ahora muy verosímiles, comportamientos inasumibles desde una punto de vista de la legalidad constitucional.
En todo caso, quedará la duda de si esa iniciativa editorial conjunta –que se permite denominar al TC como “cuarta Cámara”— representa una manera de manipulación colectiva. Porque es evidente que el editorial de los doce periódicos catalanes, pone al Estado en situación de emergencia tanto por lo que texto dice como por lo que sugiere. Y, al ser respondido por los de otras comunidades (especialmente, editados en Madrid), de forma lógica y previsible, ha abierto, de nuevo, un indeseable distanciamiento emocional y efectivo entre la ciudadanía española.
Sea cual sea la sentencia que dicte el TC –y parece que sería desfavorable a aspectos cruciales del estatuto catalán-, la dilación en dictar la resolución (tres años) ha permitido, por una parte, que se filtren las maniobras del Gobierno y sus presiones sobre el Alto Tribunal, y por otra, que determinada izquierda jurídica y el nacionalismo catalán desposea al futuro fallo de cualquier valor esgrimiendo argumentaciones endebles (falta de competencia sobre leyes orgánicas refrendadas, por ejemplo, tesis que compran los periódicos catalanes) y, en fin, que haya quedado de manifiesto que la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, tanto por su propia opinión como por conveniencias del Ejecutivo de Zapatero y del tripartito catalán, haya abdicado del cumplimiento de sus obligaciones.
Los incumplimientos de la Presidenta
Corresponde a la presidenta del TC, nombrada de entre los doce magistrados que lo forman, la representación del mismo y la convocatoria y presidencia de sus Salas y la adopción de “las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal (…)”, entre otras misiones que señala explícitamente el artículo 15 de su ley reguladora. Por lo tanto, la magistrada Casas debía haber cambiado a la ponente –Elisa Pérez Vera—cuyas tesis favorables al Estatuto no están prosperando; someter a votación una nueva ponencia elaborada con los criterios mayoritarios y, especialmente, denunciar cualquier tipo de presión. Todo menos lo que ha hecho: sostener públicamente que es preciso un cambio en la Constitución porque ya no responde a la realidad social y política española.
Eso ya lo sabemos, pero su obligación consiste en que el TC se comporte con diligencia y autenticidad, como “el intérprete supremo de la Constitución” siendo “independiente de los demás órganos constitucionales” (artículo 1º de la ley orgánica del TC). No lo ha hecho. Entre otras cosas porque se ha empeñado, sin conseguirlo, en conformar una mayoría “progresista” que avale en lo fundamental el Estatuto y, alternativamente, otra “centrista” que procure una sentencia interpretativa con un grado de ambigüedad suficiente para que de este asunto no salga calcinado el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el tripartito catalán. María Emilia Casas, además, no quiere hacer uso –le da pavor—de su voto de calidad en caso de muy improbable empate. En último término es ella –y desde el mayor respeto y consideración escribo estas líneas—a la que corresponde asumir la grave responsabilidad del desapoderamiento social y político que sufre el Tribunal Constitucional.
No es cierto que haya ley que escape a la jurisdicción del TC (“conocerá del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley” dice el artículo 2.1.a de su ley orgánica, sin establecer excepción alguna); tampoco es cierto que una ley refrendada no pueda ser sometida a contraste de legalidad constitucional; el concepto que se aduce para eximir al Estatuto catalán del enjuiciamiento del TC (formaría parte del llamado “bloque de constitucionalidad”) no existe más que a nivel de debate jurídico, pero no es una categoría normativa y, por fin, esgrimir, como se ha hecho, que faltan dos magistrados de los doce (uno, fallecido; otro, recusado) y que esa circunstancia impide la plenitud decisora del TC, es igualmente un elucubración interesada.
Recuerdo de la insurrección de 1934
De lo que se sabe con suficiente certeza, el Estatuto catalán no pasaría, en el criterio de seis de los diez magistrados, determinados controles: Cataluña no puede definirse como nación (esta categoría está reservada para España en la Constitución); en consecuencia no podría disponer de “símbolos nacionales” y tampoco el deber de conocer el idioma catalán se mantendría en pie, ya que semejante obligación sólo la puede imponer la Constitución y no lo hizo en 1978.
A partir de ahí, como en cascada, podrían caer muchos artículos del larguísimo texto catalán y, en consecuencia, provocarse una situación política inmanejable que arruinaría –más aún—al Ejecutivo nacional y sublevaría a las fuerzas políticas catalanas socialistas y nacionalistas. Un enorme problema, que, con el tiempo de disputas, presiones, especulaciones, filtraciones…se ha ido materializando por la vía de dejar al TC hecho unos zorros ante la opinión pública y publicada, recorriéndose así un trecho más en el desmantelamiento del Estado constitucional –unitario y autonómico—que se pactó en 1978. Regreso al principio: véase el editorial conjunto de los periódicos catalanes para subrayar la certeza de este diagnóstico tan pesimista.
En el colmo de la exasperación con que los nacionalistas están acogiendo esta situación desfavorable al estatuto y en el colmo también de la irresponsabilidad con la que el TC está siendo amedrentado, un magistrado próximo a CiU se habría permitido el lujo de recordar a sus compañeros los sucesos de 1934 cuando la instancia de garantías constitucionales de la II República rechazó la ley de la Generalidad catalana sobre Contratos de Cultivo. Sabido es que en ese año se proclamó por Lluís Companys “el Estado catalán” desde el palacio de San Jaime, infligiendo al régimen republicano un herida de tal gravedad que ya no pudo recuperarse.
El antecedente de Rumasa
El 23 de febrero de 1983, siendo ministro de Hacienda y Economía Miguel Boyer, el Gobierno socialista, mediante Decreto-ley, expropió Rumasa a José María Ruiz Mateos. El grupo de Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que rechazado por el voto del entonces presidente del TC, Manuel García Pelayo, resultó todo un escándalo. Nombrado en 1980 presidente del Alto Tribunal, el insigne jurista que pasó buena parte de su vida en el exilio, recibió las más fieras críticas a una decisión –la suya—que contravenía sus propias tesis académicas. Harto y desencantado, dimitió de su cargo en 1986, cuando le faltaban tres de mandato, y regresó a Caracas, donde murió en 1995. Manuel García Pelayo, con su voto de calidad, salvó al joven Gobierno de Felipe González de una crisis de consecuencias entonces incalculables, pero se suicido política y profesionalmente.
De aquella crisis, mal que bien, el TC salió adelante aunque tocado del ala. De estas segunda crisis, será difícil que, sea cual sea el fallo su fallo sobre el Estatuto catalán, salga sin daños ya irreversibles. Median entre ambas situaciones un cuarto de siglo, pero la memoria del Gobierno y de la Presidenta y magistrados del TC flaquea. Por eso, en España, la historia suele repetirse. Esperemos que las reacciones que se están fraguando en Barcelona en previsión de una sentencia contraria al Estatuto –“cumbre de partidos”; consultas populares sobre la independencia catalana el 13 de diciembre en diversas localidades; plante ante la legalidad constitucional— no nos retrotraigan a la época infeliz de Lluís Companys.
Sí, efectivamente, me refiero a un nuevo y tuneado 1934, pero representado con los modos y maneras de 2009. ¿O es que hay duda de la crisis del Estado español erigido en la Constitución de 1978 no está directamente relacionada con la sempiterna “cuestión nacional”? El gran problema de los españoles ha sido, desde el siglo XIX, encontrar la fórmula para saber cómo vivimos juntos y en armonía. Me apunto a Ortega: él cinceló en 1932 el concepto de la “conllevancia”. Tenía razón: la clave consiste en conllevarnos sensatamente. Seguimos sin conseguirlo. Y semejante incapacidad puede pasarnos una muy cara factura.
Fuente
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viernes, 27 de noviembre de 2009
jueves, 26 de noviembre de 2009
Las sicav empiezan a emigrar a Luxemburgo por los cambios regulatorios y la mala imagen
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Los propietarios de sicav (el vehículo de inversión preferido de las grandes fortunas) empiezan a hartarse de la "persecución" que están sufriendo en nuestro país. Hasta tal punto llega el hartazgo, que varios han iniciado ya los trámites para llevarse sus sociedades a Luxemburgo en busca de un clima más cálido con la inversión que el de nuestro país, según confirman fuentes de varios bufetes especializados. Y añaden que no se trata sólo del temor a un endurecimiento de la fiscalidad (que no está descartado), sino de la mala imagen que se les está colgando por el mero hecho de tener una sicav.
Según las fuentes citadas, aunque llevarse la sicav a Luxemburgo tiene unos costes, éstos compensan con creces un posible aumento de la tributación. Además, el movimiento acaba con los grandes inconvenientes y exigencias de la ley española, en especial la necesidad de tener 100 partícipes aunque sean ficticios y la obligación de figurar en los registros públicos de la CNMV. Además, recientemente el Estado español ha dejado de considerar al Gran Ducado como paraíso fiscal al comprometerse su Gobierno a suministrar a la Hacienda española toda la información sobre el patrimonio que mantengan allí los inversores españoles.
Respecto al cambio de la fiscalidad, el Gobierno de Zapatero lo ha desechado en principio porque no necesita los votos de los partidos de izquierda para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Pero si al final le falla alguno de sus aliados (PNV y Coalición Canaria) y necesita los votos de IU-IC y ERC, no se descarta que a cambio acceda a su demanda de meter mano a las sicav.
Esto se haría, según las fuentes consultadas, mediante una norma que limite la concentración del accionariado para ser consideradas instituciones de inversión colectiva (IIC): es decir, que una sola persona no pueda tener más de un porcentaje en el capital de la sicav. En ese caso -que es el de la inmensa mayoría de las sicavs, controladas por una persona o grupo familiar-, tendrían que tributar como cualquier otra sociedad, por el 30% de los beneficios.
"Hay mucho miedo entre los inversores a que al final cambien la fiscalidad, no las tienen todas consigo y están pidiendo a las gestoras y los despachos que busquen fórmulas para protegerse de esta amenaza", opina un experto fiscalista. Pero no se trata sólo de los impuestos. "Hay mucho hartazgo con la mala imagen que se está dando de este producto, parece que tener una sicav es ser un delincuente, cuando la mayoría han acumulado ese patrimonio en toda una vida de trabajo y de dedicación a su negocio", añade otro especialista.
La polémica que siempre vuelve
En los últimos meses se ha vivido una nueva escalada de la eterna polémica sobre si la tributación de las sicav es justa (e inevitable en un mundo globalizado) o si es una situación de privilegio de los grandes patrimonios que supone un agravio para el resto de los inversores. Una polémica instigada desde sectores como los inspectores de Hacienda o los partidos de izquierda, y respondida por las gestoras y por los grandes bufetes.
Es de todos conocido -empezando por la CNMV- que la inmensa mayoría de las sicav se encuentran en flagrante fraude de ley porque utilizan los conocidos 'mariachis' (hombres de paja) para alcanzar el mínimo legal de 100 partícipes. Pero también es cierto que este asunto se presta a una gran demagogia y a ese populismo de ricos frente a pobres al que tan aficionados somos en España, y que hay argumentos para defender su actual estatus: escaso impacto recaudatorio de un cambio fiscal, fuga de capitales hacia otros territorios con el consiguiente impacto en términos de empleo, y que el tratamiento de las sicav es similar al de los fondos de inversión. Ayer mismo, S.McCoy aportaba en Cotizalia una propuesta para resolver definitivamente este problema.
La figura de la 'redomiciliación'
Estos ataques han terminado por calar en los propietarios de las sicav, y algunos han empezado los trámites para llevárselas a Luxemburgo. De momento, no son muchas, pero las fuentes citadas aseguran que detrás vendrán muchas más cuando vean que no es tan complicado y que los costes no son excesivos. Obviamente, si al final se cambia la tributación, el movimiento se aceleraría.
La fórmula que están siguiendo los despachos es 'redomiciliar' las sicavs en Luxemburgo, porque constituir una sicav nueva en aquel país implica liquidar la española y pagar impuestos (las sicav sólo pagan cuando el propietario vende las acciones de la sociedad). La 'redomiciliación' de sociedades en otros países comunitarios es una figura aprobada en la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009, según explica Luis Bravo, socio de Cuatrecasas. Para ello, la sicav pierde la consideración de inversión colectiva en España, una vez que es una sociedad normal cambia el domicilio a Luxemburgo y allí recobra la consideración de IIC.
Las sicav en ese país no piden ningún número de partícipes y tributan por el 0,3% del patrimonio (en España pagan un 1% de Impuesto de Sociedades sobre los beneficios).
FUENTE
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Los propietarios de sicav (el vehículo de inversión preferido de las grandes fortunas) empiezan a hartarse de la "persecución" que están sufriendo en nuestro país. Hasta tal punto llega el hartazgo, que varios han iniciado ya los trámites para llevarse sus sociedades a Luxemburgo en busca de un clima más cálido con la inversión que el de nuestro país, según confirman fuentes de varios bufetes especializados. Y añaden que no se trata sólo del temor a un endurecimiento de la fiscalidad (que no está descartado), sino de la mala imagen que se les está colgando por el mero hecho de tener una sicav.
Según las fuentes citadas, aunque llevarse la sicav a Luxemburgo tiene unos costes, éstos compensan con creces un posible aumento de la tributación. Además, el movimiento acaba con los grandes inconvenientes y exigencias de la ley española, en especial la necesidad de tener 100 partícipes aunque sean ficticios y la obligación de figurar en los registros públicos de la CNMV. Además, recientemente el Estado español ha dejado de considerar al Gran Ducado como paraíso fiscal al comprometerse su Gobierno a suministrar a la Hacienda española toda la información sobre el patrimonio que mantengan allí los inversores españoles.
Respecto al cambio de la fiscalidad, el Gobierno de Zapatero lo ha desechado en principio porque no necesita los votos de los partidos de izquierda para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Pero si al final le falla alguno de sus aliados (PNV y Coalición Canaria) y necesita los votos de IU-IC y ERC, no se descarta que a cambio acceda a su demanda de meter mano a las sicav.
Esto se haría, según las fuentes consultadas, mediante una norma que limite la concentración del accionariado para ser consideradas instituciones de inversión colectiva (IIC): es decir, que una sola persona no pueda tener más de un porcentaje en el capital de la sicav. En ese caso -que es el de la inmensa mayoría de las sicavs, controladas por una persona o grupo familiar-, tendrían que tributar como cualquier otra sociedad, por el 30% de los beneficios.
"Hay mucho miedo entre los inversores a que al final cambien la fiscalidad, no las tienen todas consigo y están pidiendo a las gestoras y los despachos que busquen fórmulas para protegerse de esta amenaza", opina un experto fiscalista. Pero no se trata sólo de los impuestos. "Hay mucho hartazgo con la mala imagen que se está dando de este producto, parece que tener una sicav es ser un delincuente, cuando la mayoría han acumulado ese patrimonio en toda una vida de trabajo y de dedicación a su negocio", añade otro especialista.
La polémica que siempre vuelve
En los últimos meses se ha vivido una nueva escalada de la eterna polémica sobre si la tributación de las sicav es justa (e inevitable en un mundo globalizado) o si es una situación de privilegio de los grandes patrimonios que supone un agravio para el resto de los inversores. Una polémica instigada desde sectores como los inspectores de Hacienda o los partidos de izquierda, y respondida por las gestoras y por los grandes bufetes.
Es de todos conocido -empezando por la CNMV- que la inmensa mayoría de las sicav se encuentran en flagrante fraude de ley porque utilizan los conocidos 'mariachis' (hombres de paja) para alcanzar el mínimo legal de 100 partícipes. Pero también es cierto que este asunto se presta a una gran demagogia y a ese populismo de ricos frente a pobres al que tan aficionados somos en España, y que hay argumentos para defender su actual estatus: escaso impacto recaudatorio de un cambio fiscal, fuga de capitales hacia otros territorios con el consiguiente impacto en términos de empleo, y que el tratamiento de las sicav es similar al de los fondos de inversión. Ayer mismo, S.McCoy aportaba en Cotizalia una propuesta para resolver definitivamente este problema.
La figura de la 'redomiciliación'
Estos ataques han terminado por calar en los propietarios de las sicav, y algunos han empezado los trámites para llevárselas a Luxemburgo. De momento, no son muchas, pero las fuentes citadas aseguran que detrás vendrán muchas más cuando vean que no es tan complicado y que los costes no son excesivos. Obviamente, si al final se cambia la tributación, el movimiento se aceleraría.
La fórmula que están siguiendo los despachos es 'redomiciliar' las sicavs en Luxemburgo, porque constituir una sicav nueva en aquel país implica liquidar la española y pagar impuestos (las sicav sólo pagan cuando el propietario vende las acciones de la sociedad). La 'redomiciliación' de sociedades en otros países comunitarios es una figura aprobada en la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009, según explica Luis Bravo, socio de Cuatrecasas. Para ello, la sicav pierde la consideración de inversión colectiva en España, una vez que es una sociedad normal cambia el domicilio a Luxemburgo y allí recobra la consideración de IIC.
Las sicav en ese país no piden ningún número de partícipes y tributan por el 0,3% del patrimonio (en España pagan un 1% de Impuesto de Sociedades sobre los beneficios).
FUENTE
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lunes, 23 de noviembre de 2009
La Audiencia Provincial de Pontevedra condena a Zurich Vida por publicidad engañosa
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En un toque de atención que obligará a tomarse la publicidad y la comunicación comercial en serio, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a la aseguradora Zurich Vida por publicidad engañosa en la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios respecto a la promoción y venta de los denominados “Planes para la jubilación Zurich, 8%” y “Zurich jubilación garantizada PPA 8%”.
Desestimada en primera instancia, la Audiencia corrige mediante la Sentencia número 544, de 13 de noviembre pasado, e insta a la entidad a cesar en la publicidad, a publicar la sentencia, a poner en su página web la frase “Sentencia condenatoria por publicidad engañosa”, así como el texto de la sentencia, al pago de costas de primera instancia, etcétera.
La acción publicitaria se desarrolló en prensa escrita, carteles, folletos y la propia página web. Según expone la Audiencia, toda esta publicidad resultaba inexpresiva en cuanto a la identificación del tipo y naturaleza del producto anunciado, que resultó ser un Plan de Previsión Asegurado, pero que bajo las siglas PPA difícilmente los consumidores podían identificar. Las constantes menciones al plan con la palabra “pensión” inducían a error y sugerían que se estaba ante un plan de pensiones.
La Audiencia estima que lo peor no es la confusión jurídica sobre la naturaleza del producto, sino el tipo de interés que la publicidad de forma engañosa, y muy destacada, parecía garantizar, el 8%, a fin de captar la atención de los destinatarios, desconocedores de que se trataba de un Plan de Previsión Asegurado. “El mensaje publicitario debe resultar veraz sobre las condiciones jurídicas y económicas de la operación”, dice la sentencia.
En 2003, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en contestación a una consulta, recordó que los PPA están sujetos al régimen de tipos de interés máximos a los efectos del cálculo de provisiones. Y resulta que el tipo de interés repetido del 8%, “según se encarga de ilustrar la demandada, es un tipo de interés técnico, concepto inextricable para el consumidor que estamos considerando” por sus connotaciones de matemática actuarial. Asimismo, no se explica de forma clara que lapso de tiempo necesita ese 8% de interés para materializarse.
Zurich se integra en ZIP
Por otra parte, Zurich España, la aseguradora que concentra los negocios distintos a los de vida, con más de 1.330 millones de euros en primas, desaparecerá integrada a partir del uno de enero próximo en la nueva compañía europea del grupo Zurich Insurance Public Limited (ZIP), según confirmó recientemente Jorge Calbet, director general de Operaciones de Zurich España, y tal como anunció este diario en exclusiva el 14 de mayo pasado.
Calbet destacó que al trabajar desde Dublín como única compañía para todo el mercado europeo, se registrarán importantes sinergias, ahorros de costes -por ejemplo, no será necesaria una Junta y un Consejo por cada país- y un gran volumen de negocio. En los distintos países quedarán las estructuras para la comercialización de productos y atención de siniestros. Es de suponer que para el caso de España, y de forma más evidente para su central en Barcelona, la nueva situación acarreará una pérdida de ingresos impositivos y de puestos de trabajo.
fuente
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En un toque de atención que obligará a tomarse la publicidad y la comunicación comercial en serio, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a la aseguradora Zurich Vida por publicidad engañosa en la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios respecto a la promoción y venta de los denominados “Planes para la jubilación Zurich, 8%” y “Zurich jubilación garantizada PPA 8%”.
Desestimada en primera instancia, la Audiencia corrige mediante la Sentencia número 544, de 13 de noviembre pasado, e insta a la entidad a cesar en la publicidad, a publicar la sentencia, a poner en su página web la frase “Sentencia condenatoria por publicidad engañosa”, así como el texto de la sentencia, al pago de costas de primera instancia, etcétera.
La acción publicitaria se desarrolló en prensa escrita, carteles, folletos y la propia página web. Según expone la Audiencia, toda esta publicidad resultaba inexpresiva en cuanto a la identificación del tipo y naturaleza del producto anunciado, que resultó ser un Plan de Previsión Asegurado, pero que bajo las siglas PPA difícilmente los consumidores podían identificar. Las constantes menciones al plan con la palabra “pensión” inducían a error y sugerían que se estaba ante un plan de pensiones.
La Audiencia estima que lo peor no es la confusión jurídica sobre la naturaleza del producto, sino el tipo de interés que la publicidad de forma engañosa, y muy destacada, parecía garantizar, el 8%, a fin de captar la atención de los destinatarios, desconocedores de que se trataba de un Plan de Previsión Asegurado. “El mensaje publicitario debe resultar veraz sobre las condiciones jurídicas y económicas de la operación”, dice la sentencia.
En 2003, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en contestación a una consulta, recordó que los PPA están sujetos al régimen de tipos de interés máximos a los efectos del cálculo de provisiones. Y resulta que el tipo de interés repetido del 8%, “según se encarga de ilustrar la demandada, es un tipo de interés técnico, concepto inextricable para el consumidor que estamos considerando” por sus connotaciones de matemática actuarial. Asimismo, no se explica de forma clara que lapso de tiempo necesita ese 8% de interés para materializarse.
Zurich se integra en ZIP
Por otra parte, Zurich España, la aseguradora que concentra los negocios distintos a los de vida, con más de 1.330 millones de euros en primas, desaparecerá integrada a partir del uno de enero próximo en la nueva compañía europea del grupo Zurich Insurance Public Limited (ZIP), según confirmó recientemente Jorge Calbet, director general de Operaciones de Zurich España, y tal como anunció este diario en exclusiva el 14 de mayo pasado.
Calbet destacó que al trabajar desde Dublín como única compañía para todo el mercado europeo, se registrarán importantes sinergias, ahorros de costes -por ejemplo, no será necesaria una Junta y un Consejo por cada país- y un gran volumen de negocio. En los distintos países quedarán las estructuras para la comercialización de productos y atención de siniestros. Es de suponer que para el caso de España, y de forma más evidente para su central en Barcelona, la nueva situación acarreará una pérdida de ingresos impositivos y de puestos de trabajo.
fuente
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jueves, 19 de noviembre de 2009
El Parlament rechaza la corrupción y destaca la honestidad de los políticos
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Barcelona, 19 nov (EFE).- El Parlamento catalán ha expresado hoy su "más enérgica repulsa y rechazo" a cualquier tipo de "corrupción política o institucional" protagonizada por cargos públicos o electos, si bien ha remarcado la honestidad de la "inmensa mayoría" de los representantes públicos.
Después de los presuntos casos de corrupción en varios ayuntamientos catalanes y del fraude en el Palau de la Música, todos los grupos parlamentarios del Parlament se han puesto de acuerdo para defender la labor de la clase política y para dejar claro que deploran casos como el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), cuyo ex alcalde Bartomeu Muñoz está en prisión por su implicación en el caso Pretoria.
De esta forma, el Parlament se ha hecho eco de las apelaciones que en las últimas semanas han hecho numerosos dirigentes políticos catalanes a preservar la dignidad de la política.
El pronunciamiento de la cámara catalana, el primero que se produce tras estos casos, se ha producido a iniciativa del PP catalán, que ha presentado en el pleno una moción contra la corrupción.
Después de que el PPC aceptara una enmienda de CiU que aportaba algunos retoques al texto, los grupos de la izquierda han avalado la parte de la moción en la que el Parlament se oponía a las prácticas corruptas, pero no ha sido posible el acuerdo a la hora de desgranar las medidas para evitar casos de este tipo.
Y es que los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA han subrayado que el Govern ha llevado la "iniciativa" en este asunto, puesto que ha presentado un paquete de medidas para evitar que se repitan casos de este tipo.
El texto aprobado dice que el Parlament manifiesta "la más enérgica repulsa y rechazo a cualquier conducta, protagonizada por cargos públicos o electos, manifiestamente ilícita o ilegal, que constituya cualquier tipo de caso de corrupción política o institucional".
Asimismo, el Parlament subraya "su apoyo y la plena confianza en las instituciones políticas y en las diferentes administraciones públicas de Cataluña, depositarias en último término del interés público general, así como en los cargos y servicios públicos que obran y actúan de manera honesta en su inmensa mayoría".
A pesar de que todos los grupos han coincidido en defender estos principios, la portavoz adjunta de ERC en el Parlament, Patricia Gomà, ha reprochado al diputado del PPC, Enric Millo, la "falta de credibilidad" del PP en materia de corrupción.
Millo ha tildado la intervención de Gomà de "inoportuna e impertinente", y ha subrayado la legitimidad del PP catalán para expresar su "preocupación por lo que pasa en Cataluña".
Al margen de este desencuentro, el debate ha transcurrido con cordialidad, y en general el resto de portavoces han subrayado la conveniencia de regenerar la vida política.
El diputado del PSC David Pérez ha asegurado que es "momento de prestigiar lo público", una reflexión compartida también por Lluís Postigo (ICV-EUiA), quien ha lamentado que la gestión pública esté "permanentemente bajo sospecha".
La diputada de CiU Pilar Pifarré ha asegurado que su partido ha enmendado el texto del PPC para reforzar la idea de que la mayoría de cargos públicos actúan de buena fe, mientras que el diputado del grupo mixto José Domingo ha destacado la conveniencia de reforzar también la transparencia en la financiación de los partidos.
La moción del PPC pedía también la puesta en marcha de la oficina antifraude antes de finalizar este año o bien acometer la reforma de la Sindicatura de Cuentas en el plazo máximo de un mes, aspectos que el Govern ya contempla, según han dicho los grupos de izquierdas.
EFE
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Barcelona, 19 nov (EFE).- El Parlamento catalán ha expresado hoy su "más enérgica repulsa y rechazo" a cualquier tipo de "corrupción política o institucional" protagonizada por cargos públicos o electos, si bien ha remarcado la honestidad de la "inmensa mayoría" de los representantes públicos.
Después de los presuntos casos de corrupción en varios ayuntamientos catalanes y del fraude en el Palau de la Música, todos los grupos parlamentarios del Parlament se han puesto de acuerdo para defender la labor de la clase política y para dejar claro que deploran casos como el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), cuyo ex alcalde Bartomeu Muñoz está en prisión por su implicación en el caso Pretoria.
De esta forma, el Parlament se ha hecho eco de las apelaciones que en las últimas semanas han hecho numerosos dirigentes políticos catalanes a preservar la dignidad de la política.
El pronunciamiento de la cámara catalana, el primero que se produce tras estos casos, se ha producido a iniciativa del PP catalán, que ha presentado en el pleno una moción contra la corrupción.
Después de que el PPC aceptara una enmienda de CiU que aportaba algunos retoques al texto, los grupos de la izquierda han avalado la parte de la moción en la que el Parlament se oponía a las prácticas corruptas, pero no ha sido posible el acuerdo a la hora de desgranar las medidas para evitar casos de este tipo.
Y es que los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA han subrayado que el Govern ha llevado la "iniciativa" en este asunto, puesto que ha presentado un paquete de medidas para evitar que se repitan casos de este tipo.
El texto aprobado dice que el Parlament manifiesta "la más enérgica repulsa y rechazo a cualquier conducta, protagonizada por cargos públicos o electos, manifiestamente ilícita o ilegal, que constituya cualquier tipo de caso de corrupción política o institucional".
Asimismo, el Parlament subraya "su apoyo y la plena confianza en las instituciones políticas y en las diferentes administraciones públicas de Cataluña, depositarias en último término del interés público general, así como en los cargos y servicios públicos que obran y actúan de manera honesta en su inmensa mayoría".
A pesar de que todos los grupos han coincidido en defender estos principios, la portavoz adjunta de ERC en el Parlament, Patricia Gomà, ha reprochado al diputado del PPC, Enric Millo, la "falta de credibilidad" del PP en materia de corrupción.
Millo ha tildado la intervención de Gomà de "inoportuna e impertinente", y ha subrayado la legitimidad del PP catalán para expresar su "preocupación por lo que pasa en Cataluña".
Al margen de este desencuentro, el debate ha transcurrido con cordialidad, y en general el resto de portavoces han subrayado la conveniencia de regenerar la vida política.
El diputado del PSC David Pérez ha asegurado que es "momento de prestigiar lo público", una reflexión compartida también por Lluís Postigo (ICV-EUiA), quien ha lamentado que la gestión pública esté "permanentemente bajo sospecha".
La diputada de CiU Pilar Pifarré ha asegurado que su partido ha enmendado el texto del PPC para reforzar la idea de que la mayoría de cargos públicos actúan de buena fe, mientras que el diputado del grupo mixto José Domingo ha destacado la conveniencia de reforzar también la transparencia en la financiación de los partidos.
La moción del PPC pedía también la puesta en marcha de la oficina antifraude antes de finalizar este año o bien acometer la reforma de la Sindicatura de Cuentas en el plazo máximo de un mes, aspectos que el Govern ya contempla, según han dicho los grupos de izquierdas.
EFE
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miércoles, 18 de noviembre de 2009
Castells cede ante ERC y admite la supresión del impuesto de sucesiones de padres a hijos
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) está siguiendo al dedillo el calendario que se marcó hace 15 días para “presionar” a sus socios socialistas del gobierno catalán con el objetivo de reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El paso del miércoles ha sido definitivo. El conseller de Economía, Antoni Castells, ha aceptado que se incluya en el documento sobre la reforma del impuesto que acompañará al proyecto de presupuestos autonómicos de 2010 una terminología novedosa de un tributo que aporta a las arcas catalanas 900 millones de euros al año. Se trata de “la práctica desaparición”, que no eliminación total, del pago del Impuesto de Sucesiones para las herencias que se suscriban entre padres e hijos, y entre cónyuges. O lo que es lo mismo, a partir del año próximo cualquier herencia o donación que se produzca entre familiares de primer grado estará exenta en un 98% del pago de este tributo, según han confirmado fuentes de la negociación a El Confidencial.
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) está siguiendo al dedillo el calendario que se marcó hace 15 días para “presionar” a sus socios socialistas del gobierno catalán con el objetivo de reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El paso del miércoles ha sido definitivo. El conseller de Economía, Antoni Castells, ha aceptado que se incluya en el documento sobre la reforma del impuesto que acompañará al proyecto de presupuestos autonómicos de 2010 una terminología novedosa de un tributo que aporta a las arcas catalanas 900 millones de euros al año. Se trata de “la práctica desaparición”, que no eliminación total, del pago del Impuesto de Sucesiones para las herencias que se suscriban entre padres e hijos, y entre cónyuges. O lo que es lo mismo, a partir del año próximo cualquier herencia o donación que se produzca entre familiares de primer grado estará exenta en un 98% del pago de este tributo, según han confirmado fuentes de la negociación a El Confidencial.
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martes, 10 de noviembre de 2009
ERC reclama traductores para hablar en catalán a una delegación nicaragüense en el Parlament
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No hay dinero, pero para seguir derrochando a diestro y siniestro si.
¿No se puede atender en castellano, a los invitados nicaragüenses?
Pues tal parece que, que hay que utilizar traductores, la verdad todo esto raya ya en una locura colectiva, en donde son culpables el tripartito, y los parlamentarios catalanes, por permitirlo y no hacer una propuesta total en contra de esa petición.
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Parlamento que anda tocado por la corrupción.
El Govern aprobará en 15 días nuevas medidas para atajar la corrupción urbanística.
El paquete pretende asegurar que las plusvalías obtenidas en las recalificaciones urbanísticas "no reviertan exclusivamente" en los adjudicatarios o propietarios de un terreno, sino también en las arcas públicas, explicó Nadal.
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Que país ¡ ¡ ¡
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lunes, 9 de noviembre de 2009
Arrecia el enfrentamiento PSC-CiU: miembros convergentes también atesoran decenas de cargos
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La guerra entre socialistas y convergentes se recrudece. Después de que la pasada semana el secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Felip Puig, criticase la acumulación de cargos de Anna Hernández, esposa del presidente de la Generalitat, José Montilla, la reacción del PSC ha sido furibunda. Aunque la mitad de 14 los cargos que le atribuyó Puig no eran tales, Hernández ocupa algunos de ellos, no remunerados, en virtud de su condición de responsable de la Comisión de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona o de su condición de concejala de Urbanismo de Sant Just Desvern.
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Y es que hay mucho que tapar por ambos partidos, el famoso 3% se dejó olvidado en un cajón, ahora empieza a pasar factura.
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La guerra entre socialistas y convergentes se recrudece. Después de que la pasada semana el secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Felip Puig, criticase la acumulación de cargos de Anna Hernández, esposa del presidente de la Generalitat, José Montilla, la reacción del PSC ha sido furibunda. Aunque la mitad de 14 los cargos que le atribuyó Puig no eran tales, Hernández ocupa algunos de ellos, no remunerados, en virtud de su condición de responsable de la Comisión de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona o de su condición de concejala de Urbanismo de Sant Just Desvern.
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Y es que hay mucho que tapar por ambos partidos, el famoso 3% se dejó olvidado en un cajón, ahora empieza a pasar factura.
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viernes, 6 de noviembre de 2009
Denuncian la excesiva acumulación de cargos públicos de la esposa de Montilla
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Este tema desde luego no hay que dejarlo pasar por alto, por su importancia, aunque como es lógico, el tripartito y su presidente harán todo lo posible para dejarlo dormir en un cajón y que no se ensucie ni coja polvo.
A ver si los políticos de la oposición en el parlamento catalán se ponen las pilas, se dejan de dialogos de besugos, se unen de una vez y ponen en la picota a este gobierno tan nefasto para cataluña y sus ciudadanos.
Lectura del artículo
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Este tema desde luego no hay que dejarlo pasar por alto, por su importancia, aunque como es lógico, el tripartito y su presidente harán todo lo posible para dejarlo dormir en un cajón y que no se ensucie ni coja polvo.
A ver si los políticos de la oposición en el parlamento catalán se ponen las pilas, se dejan de dialogos de besugos, se unen de una vez y ponen en la picota a este gobierno tan nefasto para cataluña y sus ciudadanos.
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Un grupo de vecinos contra la corrupción en Santa Coloma intenta entrar en el Ayuntamiento
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El pueblo comienza a despertar de su letargo, pero que no se olviden de saber elegir a la hora de pasar por las "urnas" en los comicios electorales.
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En otro medio
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El pueblo comienza a despertar de su letargo, pero que no se olviden de saber elegir a la hora de pasar por las "urnas" en los comicios electorales.
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En otro medio
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jueves, 5 de noviembre de 2009
La Generalitat advierte a los alcaldes catalanes de que no podrán aprovecharse del Plan E
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Los alcaldes catalanes no van a poder aprovecharse de la segunda oportunidad para echar mano de la financiación estatal que les ha puesto sobre la mesa el Gobierno con el nuevo Plan E. Al menos, si los proyectos a los que van dirigidos los recursos estatales pretenden financiar equipamientos e infraestructuras que competan en exclusiva a la Generalitat. Éste es el mensaje que más de 600 alcaldes de Cataluña han recibido a través de una carta enviada por el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, el socialista Manuel Bustos, alcalde de Sabadell.
Lectura completa
A repartir tocan........
Y en relación con la corrupción, pues como de costumbre en la Generalitat se procura tapar todo.
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Y la madeja continúa: CiU reprocha a Montilla que su esposa acumule quince cargos públicos y aconseja al PSC que averigüe "hasta dónde llega la trama"
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Los alcaldes catalanes no van a poder aprovecharse de la segunda oportunidad para echar mano de la financiación estatal que les ha puesto sobre la mesa el Gobierno con el nuevo Plan E. Al menos, si los proyectos a los que van dirigidos los recursos estatales pretenden financiar equipamientos e infraestructuras que competan en exclusiva a la Generalitat. Éste es el mensaje que más de 600 alcaldes de Cataluña han recibido a través de una carta enviada por el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, el socialista Manuel Bustos, alcalde de Sabadell.
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A repartir tocan........
Y en relación con la corrupción, pues como de costumbre en la Generalitat se procura tapar todo.
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Y la madeja continúa: CiU reprocha a Montilla que su esposa acumule quince cargos públicos y aconseja al PSC que averigüe "hasta dónde llega la trama"
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martes, 3 de noviembre de 2009
CajAstur absorbe Caja Castilla La Mancha (CCM)
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Salto de gigante para la primera entidad de ahorro de Asturias. La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado este martes el proyecto propuesto por Caja Castilla La Mancha (CCM) para su integración con CajAstur, la caja de ahorros de Asturias que preside Manuel Menéndez, según informó el supervisor. La caja, una de las entidades más solventes del panorama financiero española, se impone en la subasta a la vizcaína BBK y da un salto de tamaño, al absorber a CCMM, con 24.000 millones de euros en activos, frente a los poco más de 15.000 millones de CajaAstur.
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Salto de gigante para la primera entidad de ahorro de Asturias. La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado este martes el proyecto propuesto por Caja Castilla La Mancha (CCM) para su integración con CajAstur, la caja de ahorros de Asturias que preside Manuel Menéndez, según informó el supervisor. La caja, una de las entidades más solventes del panorama financiero española, se impone en la subasta a la vizcaína BBK y da un salto de tamaño, al absorber a CCMM, con 24.000 millones de euros en activos, frente a los poco más de 15.000 millones de CajaAstur.
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lunes, 2 de noviembre de 2009
El PSC 'salva' al director del Inca
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La dirección del PSC ha dejado de momento al margen de las medidas disciplinarias a dos militantes socialistas que también salen en la interlocutoria del juez Baltasar Garzón, pero sobre los que no pesan ahora por ahora ninguna imputación judicial: el director del Incasòl, Emili Mas, y el exregidor de Sant Andreu de Llavaneres, Antonio Jiménez.
Pues bien, a esperar si les imputan o nó, después deprisa y corriendo, los echaran fuera del partido y aquí no ha pasado nada.
Que país, el país del 3% que tampoco se investigó.
La prensa italiana compara la Operación Pretoria con la Tangentópolis
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La dirección del PSC ha dejado de momento al margen de las medidas disciplinarias a dos militantes socialistas que también salen en la interlocutoria del juez Baltasar Garzón, pero sobre los que no pesan ahora por ahora ninguna imputación judicial: el director del Incasòl, Emili Mas, y el exregidor de Sant Andreu de Llavaneres, Antonio Jiménez.
Pues bien, a esperar si les imputan o nó, después deprisa y corriendo, los echaran fuera del partido y aquí no ha pasado nada.
Que país, el país del 3% que tampoco se investigó.
La prensa italiana compara la Operación Pretoria con la Tangentópolis
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La verdad sobre el caso del Alakrana
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Llevamos semanas a vueltas con el caso del atunero vasco Alakrana cuyo rescate, si Dios no lo remedia, tendremos que pagar entre todos los españoles. Creo que los secuestradores piden cerca de tres millones de euros. No está nada mal. Pero la pregunta del millón es ¿por qué tenemos que pagar ese pastón entre todos los españoles con nuestros impuestos y no el gobierno vasco con los impuestos de los vascos?
Lectura completa
Hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no?
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Llevamos semanas a vueltas con el caso del atunero vasco Alakrana cuyo rescate, si Dios no lo remedia, tendremos que pagar entre todos los españoles. Creo que los secuestradores piden cerca de tres millones de euros. No está nada mal. Pero la pregunta del millón es ¿por qué tenemos que pagar ese pastón entre todos los españoles con nuestros impuestos y no el gobierno vasco con los impuestos de los vascos?
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Hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no?
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domingo, 1 de noviembre de 2009
Investigan si la trama de corrupción operó a través de la empresa municipal Gramepark
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La investigación deriva de una causa que Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales.
La implicación de los ayuntamientos de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres sería colateral y no formarían parte del núcleo de la trama urbanística.
La operación, llamada Pretoria, parte de una causa que Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, según informaron fuentes jurídicas. Otras fuentes apuntan a que tendría cierto origen en la operación Avispa que en el año 2005 se inició para detener a un jefe de la mafia rusa en una operación dirigida entonces por el juez también de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
lectura del artículo
Los tentáculos de la mafia rusa: de Teixidó a la 'Operación Avispa'
Y como es natural en estos casos, empiezan las guerras de las encuestas. El tripartito perdería hoy las elecciones en Cataluña, según las encuestas.
Con un sondeo elaborado justo antes de que estallara la operación "Pretoria" pero con el escándalo del Palau ya de fondo, La Vanguardia augura una victoria de CiU el próximo otoño que, con los votos del PPC, podría desbancar al tripartito.
Me imagino que estos sondeos nadan tienen que ver con lo que pueda ir dando de si el iceberg de la corrupción, y al final cuantos afectados de CiU puedan existir.
Y para quien tenga tiempo de leer, dejo este enlace, la mar de entretenido.
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La investigación deriva de una causa que Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales.
La implicación de los ayuntamientos de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres sería colateral y no formarían parte del núcleo de la trama urbanística.
La operación, llamada Pretoria, parte de una causa que Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, según informaron fuentes jurídicas. Otras fuentes apuntan a que tendría cierto origen en la operación Avispa que en el año 2005 se inició para detener a un jefe de la mafia rusa en una operación dirigida entonces por el juez también de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
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Los tentáculos de la mafia rusa: de Teixidó a la 'Operación Avispa'
Y como es natural en estos casos, empiezan las guerras de las encuestas. El tripartito perdería hoy las elecciones en Cataluña, según las encuestas.
Con un sondeo elaborado justo antes de que estallara la operación "Pretoria" pero con el escándalo del Palau ya de fondo, La Vanguardia augura una victoria de CiU el próximo otoño que, con los votos del PPC, podría desbancar al tripartito.
Me imagino que estos sondeos nadan tienen que ver con lo que pueda ir dando de si el iceberg de la corrupción, y al final cuantos afectados de CiU puedan existir.
Y para quien tenga tiempo de leer, dejo este enlace, la mar de entretenido.
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