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El hallazgo el pasado viernes 12 de un arsenal de armas y explosivos de ETA escondido en un zulo en el pueblecito de Pindères, en las Landas, Francia, no fue una casualidad, como ha contado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y tampoco fue casual el descubrimiento al día siguiente de un plan de fuga de etarras que, como en las mejores películas de acción, ETA quería efectuar este verano desde la prisión de Huelva. Ambas historias están directamente relacionadas por el deseo de Rubalcaba de acallar el escándalo provocado en Francia por un operativo de la Guardia Civil a espaldas de las autoridades francesas.
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miércoles, 17 de junio de 2009
El mayor escándalo fiscal de la década y otras cosas del gobierno
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El doctor Marañón lo denominó el ‘espíritu del chauffer’, pronunciado con fonética francesa y arrastrando la última vocal. El concepto fue inventado en realidad por el filósofo alemán Keyserling, y alude al individuo que conduce un automóvil o pilota un avión y se cree en posesión del sentido de la conducción del mundo. Y esto –sostenía Marañón- es una triste aberración de perspectiva. “Un zulú en la carlinga de un avión –remarcaba con cierto esnobismo típico de la época- sale volando al cuarto de hora.”
A veces da la sensación de que a los gobernantes de este país les sucede algo parecido. Imbuidos por ese espíritu del chauffer del que hablaba Marañón, se comportan como zulúes en la carlinga de un avión. De otra manera no puede entenderse que al mismo tiempo que mantienen políticas fiscales anticíclicas como los célebres 400 euros en aras de estimular el consumo de las familias, aprueban una subida de impuestos especiales (tabaco e hidrocarburos) que merma, precisamente, su capacidad de gasto. Como se ve todo un ejercicio de coherencia de política económica y fiscal.
Pero sorprende todavía más una decisión del Consejo de Ministros aprobada el pasado viernes y que ha pasado un tanto desapercibida. De manera absolutamente irracional -y que roza el escándalo político- el Ejecutivo ha decidido entregar 1.800 millones de euros a las comunidades autónomas como ‘compensación’ por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Toma del frasco, Carrasco, que diría un castizo. Resulta que un impuesto que antes pagaban los más acaudalados va a ser ahora sufragado por todos los ciudadanos, sin tener cuenta su nivel de renta y riqueza. Todo un ejercicio de equidad fiscal. A lo mejor es verdad aquella frase que se le atribuye a la ex ministra Carmen Calvo cuando dijo aquello de que el dinero público no era de nadie.
No estamos ante un juicio de valor, sino ante la contundencia de los datos. El 6,5% de los declarantes del difunto Impuesto del Patrimonio, es decir aquellos que contaban con un patrimonio neto superior al millón de euros (sin incluir deudas) aportaba nada menos que el 41,6% de la base liquidable del impuesto, por lo que parece evidente que ese segmento de contribuyentes ha sido el más beneficiado por su supresión.
Dicho en otros términos. Los contribuyentes con un patrimonio situado entre 110.000 y 200.000 euros pagaban al Fisco entre 84 y 155 euros cada año. Por el contrario, quienes contaban con un patrimonio superior a un millón de euros e inferior a dos millones, abonaban a sus respectivas haciendas autonómicas entre 8.136 euros y 22.163 euros. Pero es que quienes tenían un patrimonio superior a los 10 millones de euros se veían obligados a ingresar una cuota media de 111.205 euros. Es decir, que el impuesto discriminaba en función del nivel de riqueza de cada individuo y hacía efectivo ese principio constitucional que habla de pagar impuestos en función de la capacidad económica de cada contribuyente.
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Nueva derrota parlamentaria del PSOE, y van 10: la oposición exige el cierre de tres ministerios
Perder votaciones en el Congreso ha empezado a convertirse en una desagradable costumbre para el PSOE y un incómodo recordatorio al Gobierno de su aislamiento parlamentario y de que su teoría de la geometría variable, a fuerza de hacer aguas, amenaza con amargarle el resto de la legislatura.
La oposición, casi en bloque, apoyó anoche una moción presentada por ERC -bautizada irónicamente como operación bikini por los diputados independentistas catalanes- que reclama a José Luis Rodríguez Zapatero la supresión de tres ministerios para adelgazar la estructura de la Administración del Estado con criterios de austeridad y eficacia.
Y como de costumbre Zapatero rehuye de nuevo dar explicaciones sobre la crisis en el Congreso
El presidente del Gobierno dio su palabra de que comparecería periódicamente en el Congreso para informar sobre la evolución de la economía y el desempleo. Sin embargo, a dos semanas de que concluya el periodo de sesiones de la Cámara, José Luis Rodríguez Zapatero no ha solicitado su presencia. El jefe del Ejecutivo protagonizó una sesión monográfica sobre economía en febrero, pero, según el acuerdo al que llegó con la oposición, queda pendiente una segunda para antes del verano.
La posibilidad de que Zapatero se ‘escaquee’ aprovechando las vacaciones de verano ha llevado a los grupos de izquierda, ERC, IU e ICV, a exigir su comparecencia a través de la Junta de Portavoces. Una iniciativa a la que se sumarán PP, CiU y PNV, y que dejaría, una vez más, aislado al PSOE. No obstante, para evitar la imagen de un Zapatero que acude obligado al Congreso a dar explicaciones sobre la crisis, los socialistas se reservan la posibilidad de unirse a la mayoría y aceptar voluntariamente un pleno extraordinario.
Pues nada, a seguir tragando y pagando, como buenos masoquistas que somos. España es diferente, que le vamos a hacer.
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El doctor Marañón lo denominó el ‘espíritu del chauffer’, pronunciado con fonética francesa y arrastrando la última vocal. El concepto fue inventado en realidad por el filósofo alemán Keyserling, y alude al individuo que conduce un automóvil o pilota un avión y se cree en posesión del sentido de la conducción del mundo. Y esto –sostenía Marañón- es una triste aberración de perspectiva. “Un zulú en la carlinga de un avión –remarcaba con cierto esnobismo típico de la época- sale volando al cuarto de hora.”
A veces da la sensación de que a los gobernantes de este país les sucede algo parecido. Imbuidos por ese espíritu del chauffer del que hablaba Marañón, se comportan como zulúes en la carlinga de un avión. De otra manera no puede entenderse que al mismo tiempo que mantienen políticas fiscales anticíclicas como los célebres 400 euros en aras de estimular el consumo de las familias, aprueban una subida de impuestos especiales (tabaco e hidrocarburos) que merma, precisamente, su capacidad de gasto. Como se ve todo un ejercicio de coherencia de política económica y fiscal.
Pero sorprende todavía más una decisión del Consejo de Ministros aprobada el pasado viernes y que ha pasado un tanto desapercibida. De manera absolutamente irracional -y que roza el escándalo político- el Ejecutivo ha decidido entregar 1.800 millones de euros a las comunidades autónomas como ‘compensación’ por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Toma del frasco, Carrasco, que diría un castizo. Resulta que un impuesto que antes pagaban los más acaudalados va a ser ahora sufragado por todos los ciudadanos, sin tener cuenta su nivel de renta y riqueza. Todo un ejercicio de equidad fiscal. A lo mejor es verdad aquella frase que se le atribuye a la ex ministra Carmen Calvo cuando dijo aquello de que el dinero público no era de nadie.
No estamos ante un juicio de valor, sino ante la contundencia de los datos. El 6,5% de los declarantes del difunto Impuesto del Patrimonio, es decir aquellos que contaban con un patrimonio neto superior al millón de euros (sin incluir deudas) aportaba nada menos que el 41,6% de la base liquidable del impuesto, por lo que parece evidente que ese segmento de contribuyentes ha sido el más beneficiado por su supresión.
Dicho en otros términos. Los contribuyentes con un patrimonio situado entre 110.000 y 200.000 euros pagaban al Fisco entre 84 y 155 euros cada año. Por el contrario, quienes contaban con un patrimonio superior a un millón de euros e inferior a dos millones, abonaban a sus respectivas haciendas autonómicas entre 8.136 euros y 22.163 euros. Pero es que quienes tenían un patrimonio superior a los 10 millones de euros se veían obligados a ingresar una cuota media de 111.205 euros. Es decir, que el impuesto discriminaba en función del nivel de riqueza de cada individuo y hacía efectivo ese principio constitucional que habla de pagar impuestos en función de la capacidad económica de cada contribuyente.
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La oposición, casi en bloque, apoyó anoche una moción presentada por ERC -bautizada irónicamente como operación bikini por los diputados independentistas catalanes- que reclama a José Luis Rodríguez Zapatero la supresión de tres ministerios para adelgazar la estructura de la Administración del Estado con criterios de austeridad y eficacia.
Y como de costumbre Zapatero rehuye de nuevo dar explicaciones sobre la crisis en el Congreso
El presidente del Gobierno dio su palabra de que comparecería periódicamente en el Congreso para informar sobre la evolución de la economía y el desempleo. Sin embargo, a dos semanas de que concluya el periodo de sesiones de la Cámara, José Luis Rodríguez Zapatero no ha solicitado su presencia. El jefe del Ejecutivo protagonizó una sesión monográfica sobre economía en febrero, pero, según el acuerdo al que llegó con la oposición, queda pendiente una segunda para antes del verano.
La posibilidad de que Zapatero se ‘escaquee’ aprovechando las vacaciones de verano ha llevado a los grupos de izquierda, ERC, IU e ICV, a exigir su comparecencia a través de la Junta de Portavoces. Una iniciativa a la que se sumarán PP, CiU y PNV, y que dejaría, una vez más, aislado al PSOE. No obstante, para evitar la imagen de un Zapatero que acude obligado al Congreso a dar explicaciones sobre la crisis, los socialistas se reservan la posibilidad de unirse a la mayoría y aceptar voluntariamente un pleno extraordinario.
Pues nada, a seguir tragando y pagando, como buenos masoquistas que somos. España es diferente, que le vamos a hacer.
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